La crítica no se censura; se responde
La esencia de la política en una democracia es la libre expresión y el debate de las ideas. Cuando desde el poder se pretende decidir quién puede hablar o qué crítica resulta aceptable, la democracia comienza a perder una de sus libertades fundamentales.
No se trata de defender excesos, mentiras, calumnias o agresiones. La libertad de expresión no significa ausencia de responsabilidades. Significa algo mucho más importante: que el poder público no puede convertirse en árbitro de las opiniones que se expresan sobre él.
México atraviesa un momento que obliga a reflexionar sobre este tema.
Organizaciones como Article 19 han advertido durante los últimos años sobre agresiones contra periodistas, procesos judiciales, estigmatización y otras acciones capaces de generar un efecto inhibidor sobre quienes investigan, cuestionan o critican al poder. En su informe anual presentado en mayo de 2026, la organización habló incluso de “estructuras del silencio” y de una tendencia regional en la que actores estatales y poderes fácticos pueden terminar tratando la información crítica como una amenaza.
Uno de los ejemplos más controvertidos ocurrió en Campeche. En 2025, una jueza ordenó que publicaciones del diario Tribuna relacionadas con la gobernadora Layda Sansores fueran sometidas a revisión antes de difundirse. Posteriormente algunas de las restricciones fueron combatidas judicialmente. El caso provocó cuestionamientos precisamente porque tocaba uno de los terrenos más delicados de cualquier democracia: la censura previa.
Y el problema no termina ahí.
En agosto de este año, Article 19 cuestionó el uso del espacio denominado “Derecho de Réplica”, encabezado desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al considerar preocupante que el Estado asuma funciones de monitoreo y calificación de la conversación pública. La posición gubernamental ha sido que estos mecanismos buscan responder a información que considera falsa o inexacta y garantizar derechos de las audiencias; sus críticos advierten, en cambio, sobre el riesgo de que el gobierno termine convirtiéndose en juez de aquello que se dice sobre el propio gobierno.
Ahí está precisamente la frontera que debemos cuidar.
Porque la democracia no consiste en garantizar únicamente la libertad de quienes piensan como nosotros. La verdadera prueba aparece cuando debemos tolerar las palabras que nos molestan, los cuestionamientos que incomodan y las opiniones con las que estamos profundamente en desacuerdo.
Un gobierno tiene todo el derecho de responder. Puede desmentir, presentar documentos, aportar cifras, confrontar argumentos y exigir responsabilidades cuando una conducta verdaderamente rebasa los límites establecidos por la ley.
La propia Suprema Corte mexicana ha sostenido que la libertad de expresión es indispensable para la existencia de una sociedad democrática y para la formación de la opinión pública.
Y esto no es solamente un problema mexicano.
En Estados Unidos acaba de presentarse un episodio que debería llamar la atención de todas las democracias.
El presidente Donald Trump prohibió recientemente el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Político, argumentando inicialmente que difundían lo que él considera “fake news” y posteriormente planteando razones relacionadas con la seguridad nacional. Los tres medios acudieron a los tribunales.
Ayer jueves 24 de septiembre, el juez federal Timothy Kelly ordenó suspender temporalmente la prohibición y restituir las acreditaciones. El juez consideró que los medios probablemente podrían demostrar que la cancelación de sus pases violó garantías de debido proceso y expresó escepticismo sobre la justificación de seguridad nacional presentada por el gobierno.
El mensaje trasciende a Trump, a Claudia Sheinbaum, a la oposición…
Los gobiernos pasan.
La libertad debe permanecer.
Quien hoy celebra que se silencie al periodista que critica a su adversario debe recordar que mañana puede ser su propia voz la que resulte incómoda para quien gobierne.
Defender la libertad de expresión significa aceptar que habrá periodistas que se equivoquen, ciudadanos que exageren, opositores que incomoden y opiniones que nos parezcan injustas. Para todo ello existe el derecho de réplica, la confrontación de argumentos y, cuando corresponda conforme a derecho, las responsabilidades posteriores.
El gobierno que considera falsa una información debe demostrarlo.
El político que considera injusta una crítica debe responderla.
El ciudadano que piensa diferente debe debatirla.
Porque las ideas se enfrentan con ideas.
No con censura.
Y cuando un gobierno —de izquierda, de derecha o de cualquier signo político— comienza a considerar que la crítica es un enemigo que debe silenciarse, el problema deja de ser únicamente de los periodistas o de los opositores.
Se convierte en un problema de todos.
Porque cuando el poder decide quién puede hablar, la democracia comienza a quedarse sin voz.
Buen fin de semana, la frase: Las ideas se roban, el talento, jamás. ¡Ánimo!.
