Tony Flores anticipa un fallo inexistente: ¿compromete la imparcialidad del Tribunal?
Hay ocasiones en las que el problema no está en lo que publican los medios, sino en lo que los propios políticos dicen, escriben y presumen públicamente. Y cuando las palabras no coinciden con los documentos oficiales, culpar a la prensa resulta una salida demasiado cómoda.
El caso de Antonio “Tony” Flores Guerra abre una pregunta inevitable: ¿qué sabe el diputado del Partido del Trabajo sobre el recurso con el que pretende recuperar su curul en el Congreso de Coahuila que todavía no conocemos los demás y probablemente ni los propios magistrados?
La pregunta no surge de una filtración periodística, ni de una versión anónima, ni de una interpretación construida desde algún medio. Surge de las propias declaraciones de Flores Guerra a través de sus acostumbrados vides de Facebook.
Tony asegura públicamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió a su favor y que solamente “recorrió unos días” la notificación al Congreso de Coahuila para devolverle la diputación.
Pero existe un pequeño —y enorme— problema: oficialmente, el asunto no ha sido discutido, votado, ni resuelto.
El expediente SUP-REC-364/2026 aparece todavía en el sistema oficial del Tribunal Electoral dentro de los asuntos en instrucción. Ahí consta Antonio Flores Guerra como recurrente, Coahuila como entidad involucrada y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como ponente.
Además, durante la sesión pública del miércoles 23 de septiembre, el recurso fue retirado del orden del día. Es decir, no llegó a la etapa en la que públicamente pudiera conocerse una discusión y votación de las magistraturas.
Entonces, ¿cómo puede Tony Flores asegurar cuál será el resultado? Mientras el sistema oficial del TEPJF mantiene el expediente en instrucción, el interesado habla públicamente como si conociera de antemano el sentido de los votos de los magistrados y de una resolución que todavía no se ha hecho pública.
Y esa diferencia se vuelve todavía más relevante frente a otro señalamiento que rodea el caso.
Fernando Rodríguez González, quien actualmente ocupa la diputación en suplencia de Flores, denunció un supuesto intento de injerencia del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja y aseguró haber detectado gestiones encaminadas a conseguir una reunión privada con el magistrado ponente Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Lo anterior, junto a las declaraciones anticipadas de Tony Flores, genera preguntas legítimas que no desaparecen queriendo distraer la atención hacia otro lado.
¿Hubo alguna comunicación previa con personas vinculadas al expediente? ¿Existe un proyecto cuyo sentido conocen una de las partes antes de que sea discutido? ¿De dónde obtiene Flores Guerra la certeza de que regresará al Congreso? ¿Por qué habla de una simple postergación de la notificación si oficialmente el recurso continúa en instrucción?
Las declaraciones están ahí. El expediente está ahí. El registro oficial del Tribunal está ahí. Y la ausencia, hasta ahora, de una sentencia pública también está ahí.
Tony Flores puede tener absoluta confianza en que recuperará su diputación. Está en su derecho. Pero existe una diferencia enorme entre expresar confianza en obtener una sentencia favorable y afirmar que una autoridad jurisdiccional ya decidió algo que oficialmente todavía no aparece resuelto.
No existe evidencia de que el Tribunal haya comprometido su imparcialidad; sí, en cambio, de un legislador que se proclama vencedor antes de tiempo y que, con sus afirmaciones, coloca bajo sospecha a la institución. La pregunta es inevitable: ¿cuenta con información privilegiada o intenta presionar públicamente una sentencia? Cualquiera que sea la respuesta, Tony Flores debe una explicación.
