Aborda un rubro de prioridad nacional: el tratamiento del patrimonio cultural, expuso María Teresa Sánchez Salazar
Ciudad de México.- La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se constituirá en el instrumento más importante en materia de comunidades originarias en la historia de México independiente, destacó la directora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, María Teresa Sánchez Salazar.
Incluye temas como el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y afromexicanos, su autonomía, reglas claras acerca de la consulta previa sobre medidas que los afecten y el capítulo del patrimonio cultural, entre otros. Esta legislación reglamenta la reforma al Artículo 2º. Constitucional realizada en septiembre de 2024, dijo.
En ese sentido, el IGg efectuó el Foro académico de análisis crítico de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIyA) Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta, en el cual se contó con Ilia Alvarado Sizzo, investigadora de esta entidad universitaria, especialistas provenientes de diversas instituciones académicas y de investigación, así como representantes comunitarios y especialistas en la defensa de las prerrogativas culturales.
Sánchez Salazar afirmó que esta actividad académica busca contribuir al análisis de una de las reformas legislativas más relevantes de los últimos años en cuanto a sus derechos, abordando un rubro de gran actualidad, interés público y prioridad nacional: el tratamiento del patrimonio cultural.
En su oportunidad, el investigador posdoctoral del IGg, Víctor Francisco Martínez González Robles, estimó que se trata del cuerpo legislativo más detallado y específico en el actual territorio mexicano desde las Leyes de Indias del siglo XVI, ya que en dos siglos de México independiente nada comparable había existido con 453 artículos y 11 transitorios donde sus innovaciones son reales.
Recordó que hace más de un mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria del proceso de consulta de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y en los días siguientes iniciarán las asambleas regionales.
“Estamos en el umbral de un momento histórico para el país. México tiene 68 pueblos indígenas, más de 16 mil 700 comunidades indígenas y afromexicanas registradas, 39 millones de personas que se identifican como indígenas y 2.6 millones que se reivindican como afrodescendientes”, aseveró el universitario.
Todas y todos, expuso, están siendo consultados a pronunciarse en los próximos meses sobre un instrumento que va a redefinir por décadas su relación con el Estado mexicano.
A decir de Martínez González, aun cuando la iniciativa reglamenta la reforma el patrimonio cultural, disperso en al menos seis capítulos del texto, reproduce una arquitectura que merece examinarse con cuidado.
“Los pueblos declaran sus sitios sagrados e identifican su patrimonio, pero es el Estado quien cataloga, registra y hace jurídicamente eficaz cada uno de esos actos. El consentimiento indígena se requiere, pero no equivale a un veto”, explicó en el encuentro académico realizado en el auditorio del edificio “Atlántida Coll” del Instituto.
La Ley Federal de Monumentos de 1972 y la autoridad técnica de la Federación a través del INAH permanecen intactas y los mecanismos de distribución de beneficios quedan sujetos a condiciones mutuamente acordadas, sin fórmula, sin piso mínimo y tampoco una evaluación independiente, agregó.
De acuerdo con el investigador posdoctoral del IGg, Erik David García González, aunque la ley otorga personalidad jurídica como sujetos de derecho público a los pueblos para defender su patrimonio, en la práctica la presión del turismo masivo suele convertir las ceremonias sagradas y las festividades comunitarias en espectáculos vendibles.(UNAM)
