Ceuta es una ciudad autónoma española, situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, en su lado oriental. Está bañada por las aguas del mar Mediterráneo, mientras que al oeste y suroeste limita con Marruecos.
La ciudad autónoma de Ceuta afronta una crisis migratoria sin precedentes tras la entrada masiva de unas 72,000 personas procedentes de Marruecos a finales de julio de 2026. El cruce masivo, realizado principalmente a nado, generó un colapso humanitario e institucional inmediato, desencadenando además fuertes tensiones políticas dentro de la Unión Europea y una movilización civil masiva en la propia ciudad.
El Gobierno de España reportó el retorno de aproximadamente 70,000 migrantes a Marruecos. No obstante, el enclave permanece desbordado, albergando aún a miles de personas y bajo la tutela de más de 1,100 menores de edad no acompañados.
Los incidentes en el mar y el perímetro fronterizo cobraron la vida de al menos 100 personas en aguas españolas y 11 en territorio marroquí, según cifras oficiales, aunque varias ONGs elevan el total de víctimas mortales por encima de las 140.
Una hipótesis es que la avalancha humana estuvo impulsada por la difusión viral de rumores falsos en redes sociales que prometían un acceso libre y sencillo hacia Europa.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, calificó el evento de “emergencia humanitaria” y reclamó sin éxito al Gobierno Central la declaración de “emergencia nacional” ante el colapso total de recursos.
El ejecutivo de Pedro Sánchez desplegó al Ejército y fuerzas policiales. Defendió un enfoque pragmático frente al fenómeno migratorio y criticó con dureza el uso político de la crisis por parte de otros socios europeos.
El gobierno italiano de Giorgia Meloni cerró temporalmente su espacio Schengen para viajeros procedentes de España alegando motivos de seguridad. En respuesta, el Gobierno español impuso controles fronterizos recíprocos con Italia.
Marruecos, aunque cooperó activamente en la readmisión de los migrantes repatriados, utilizó el foco mediático para exigir una mayor cofinanciación por parte de la Unión Europea, afirmando que «no son el gendarme de Europa».
La administración de Donald Trump catalogó la entrada como una «invasión» y culpó directamente a las políticas fronterizas de España.
El 9 de agosto de 2026, una manifestación masiva de más de 15,000 personas convocada por el colectivo de las «Cuatro Culturas» —que reúne a representantes cristianos, musulmanes, judíos e hindúes— marchó por las calles de Ceuta.
La ciudadanía y las autoridades locales firmaron un manifiesto conjunto exigiendo a España y a la Unión Europea medios humanos y materiales estables, garantías de seguridad y una respuesta estructural que salvaguarde la convivencia social de la ciudad autónoma. En paralelo, la Audiencia Nacional de España mantiene abiertas diligencias judiciales para esclarecer si existieron fallas o alertas previas no atendidas por los servicios de control fronterizo.
Ante la pregunta ¿Quién es responsable de la crisis migratoria en Ceuta? , dos expertos con los que ha hablado la agencia alemana Deutsche Welle (DW) instan a la cautela. Coinciden en que las explicaciones simplistas se quedan cortas.
«Creo que hoy nos encontramos ante una situación claramente diferente a la de 2021», afirma Isabelle Werenfels, experta en el Magreb de la Fundación Ciencia y Política (SWP), en entrevista con DW. En aquel entonces, Marruecos tenía un claro interés en materia de política exterior, en el marco del conflicto del Sahara Occidental, por ejercer presión sobre España. Hoy en día, en caso de un movimiento migratorio orquestado deliberadamente, Rabat tendría “muchísimo que perder, sobre todo credibilidad internacional e inversiones”.
El investigador en materia de migración Jochen Oltmer, de la Universidad de Osnabrück, también advierte en conversación con DW sobre conclusiones precipitadas. «Hay que tener en cuenta que aquí confluyen muchos intereses diferentes», afirma. La situación particular de Ceuta como enclave europeo en territorio africano, los movimientos migratorios que se prolongan desde hace décadas, las redes sociales y la esperanza de muchas personas de una vida mejor constituyen el trasfondo de los acontecimientos.
Mientras que Werenfels se refiere sobre todo al costo político para Rabat, Oltmer formula la responsabilidad de las autoridades marroquíes en términos mucho más contundentes. “Un cruce fronterizo de este tipo nunca habría podido tener lugar si la parte marroquí no hubiera, como mínimo, mirado para otro lado de forma activa”, afirma. Sin esta actitud, habría sido difícil imaginar una irrupción fronteriza de esta magnitud.
Werenfels no contradice esta valoración. Ella también considera posible que Marruecos quisiera enviar una señal política. Por ejemplo, en el contexto del reciente acercamiento de España a Argelia y de la decisión de conceder la nacionalidad española a todos los residentes del Sahara Occidental nacidos antes de septiembre de 1977.
“Pero existe una diferencia considerable entre una señal política y un movimiento migratorio orquestado a esta escala», subraya. Le parece «poco plausible” que Rabat hubiera planeado esto último, aunque no lo descarta. No obstante, subraya que, en general, la información sigue siendo extremadamente confusa.
En cambio, según Oltmer, hay indicios que apuntan a que Marruecos perseguía sus propios intereses políticos. El país se considera desde hace años un socio indispensable de Europa en materia de política migratoria, y deja en claro una y otra vez hasta qué punto la Unión Europea depende de su colaboración. Al mismo tiempo, el conflicto del Sahara Occidental y la rivalidad con Argelia desempeñan un papel importante. Por ello, afirma que “en última instancia, no puede imaginar que los últimos acontecimientos hubieran sido posibles sin un interés específico por parte de Marruecos”.
Precisamente en este punto, Werenfels aboga por un análisis matizado. Supone que bien podría ser que Marruecos hubiera querido enviar un mensaje. Sin embargo, esto podría haberse descontrolado. Resulta difícil imaginar que Marruecos quiera permitirse un distanciamiento duradero de España y la UE. Esto es aún más cierto si se tiene en cuenta que Marruecos, junto con España y Portugal, organizará el próximo Mundial de fútbol y, además, depende en gran medida de los suministros de gas procedentes de España. En el año 2025, una cuarta parte de las exportaciones españolas de gas se destinó a Marruecos.
Incluso si Marruecos hubiera querido enviar un mensaje, esto no significaría automáticamente que hubiera organizado deliberadamente un flujo migratorio de tal magnitud. En su opinión, los riesgos políticos y económicos serían enormes.
Además, ninguno de los dos expertos ve indicios fiables de que otros Estados estuvieran detrás de los sucesos. Werenfels considera, no obstante, que es posible que algunos gobiernos o actores políticos hayan intentado aprovechar propagandísticamente la ocasión en beneficio de sus intereses políticos y hayan actuado como amplificadores de los sucesos.
Aunque ambos expertos valoran de forma parcialmente diferente el papel de Marruecos en este caso concreto, coinciden en un punto: la irrupción en la frontera de Ceuta no puede explicarse ni con una única decisión política ni con solo con una teoría de conspiración. Solo la combinación de tensiones geopolíticas, intereses en materia de política migratoria y las perspectivas de vida, a menudo precarias, de muchos jóvenes permite comprender por qué los acontecimientos pudieron alcanzar tal magnitud. (dw.com)
Queda claro que el aumento de la pobreza y la desigualdad es un factor de primer orden en la generación de flujos migratorios, por tal razón, es necesario también que, en la práctica, los gobiernos del mundo articulen un gran compromiso de solidaridad dirigido a combatir la pobreza y la desigualdad en los países empobrecidos, principales víctimas del modelo económico.
Ello implica dar a la política de desarrollo un carácter prioritario, que sea, además, de alguna forma, autónoma, coherente, integradora, con recursos y estructura de gestión adecuada.
Además de una política de ayuda humanitaria basada en criterios internacionalmente definidos, es necesaria una estrategia que facilite la integración equitativa en la economía internacional a los países en pobreza, que los países del norte se comprometan a promover su capacidad económica y comercial.
Siempre cuidando el cumplimiento de los códigos éticos existentes en materia de relaciones y transacciones internacionales para garantizar la equidad y el respeto de los derechos humanos, con inclusión de los derechos sociales y económicos.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
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