Entre coahuilenses es generalizado el rechazo a la medida anunciada por el gobierno de Nuevo León que encabeza Samuel García Sepúlveda, gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, a quien se le ocurrió la disparatada idea de multar a los automovilistas foráneos que circulen por sus calles y no cumplan con varios requisitos, que a todas luces violan la Constitución de la República.
Incrédulo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, declaró este martes que en principio creyeron que la medida anunciada por su homólogo neoleonés. El mismo martes, los integrantes de las fracciones del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad, una iniciativa presentada por la diputada Edna Dávalos, tendiente a exhortar al gobernador de Nuevo León a revisar y adecuar las reglas del “Pase Turístico”, instrumento para poder circular por dicha entidad y que entrará en vigor el 21 de octubre. Los argumentos del exhorto señalan que la impositiva medida afecta la movilidad interestatal y condiciona y limita la libre circulación de automóviles con placas de otras entidades, no sólo de Coahuila. Los legisladores calificaron como desproporcionada tal disposición, por lo que aprobaron unánimemente la iniciativa de Dávalos.
Y es que el Artículo 11 Constitucional consagra el derecho al libre tránsito y de residencia, que permite a cualquier persona entrar, salir, viajar y cambiar de domicilio en el país, sin requerir pasaporte, permiso o salvoconducto alguno. Al sumarse a la postura del Congreso, el legislador por Morena, Antonio Attolini calificó la medida como “estupidez flagrante”.
Hasta ahora, la obtención del Pase Turístico será gratuito y se podrá tramitar en línea, cumpliendo con licencia de manejo, tarjeta de circulación y póliza de seguro. Se debe imprimir el documento y colocarlo de manera visible en el parabrisas del vehículo. La vigencia puede ser de uno a 30 días.
Detrás de la medida de Samuel García puede estar una cortina de humo para desviar la atención a un mal gobierno rechazado por la ciudadanía, producto de obras que permanecen inconclusas y que fueron mal planeadas; el incremento de la deuda pública, la amenaza del Congreso del Estado de promover un juicio político y deficiencias en políticas de movilidad y medio ambiente, entre otros.
