El presidente del Poder Judicial de Coahuila consideró insuficiente la sanción máxima de cinco años que contempla la legislación nacional para adolescentes responsables de homicidio doloso, al referirse al caso de la bebé Darleth Saraí, fallecida en Saltillo
El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, consideró necesaria una reforma a la legislación nacional para establecer sanciones más severas contra adolescentes menores de 18 años que cometan homicidios de manera dolosa, al señalar que las penas vigentes resultan insuficientes ante la gravedad de estos delitos.
Lo anterior, al referirse al caso de Darleth Saraí, una bebé de apenas un año que murió el pasado 19 de octubre de este 2026 en Saltillo, luego de permanecer varios días hospitalizada por lesiones graves. El magistrado explicó que, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los menores señalados como probables responsables podrían alcanzar una sanción máxima de cinco años de internamiento.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la necropsia practicada a la pequeña confirmó que sufrió una hemorragia cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico severo, además de presentar múltiples golpes recientes. Su madre, de 17 años, y su padrastro, de 16, permanecen bajo internamiento preventivo mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.
El titular del Poder Judicial calificó como baja la sanción prevista en la legislación actual frente a la gravedad del caso. «La Ley Nacional de Adolescentes establece cinco años, eso es lo que nos ordena el ordenamiento nacional; sin duda alguna es poco frente a la atrocidad que se ha cometido», expresó. También advirtió sobre la necesidad de revisar las penas aplicables a adolescentes involucrados en delitos de alto impacto.
«Vemos en el mundo que cada vez son más los jóvenes menores de 18 años que están atreviéndose a cometer, indebidamente, ciertos delitos, y creo que las penas tendrían que ser un poco más fuertes, más severas en relación a esto», sostuvo. No obstante, reconoció que el modelo actual contempla sanciones diferenciadas porque busca favorecer la reintegración social de los adolescentes mediante tratamientos y otras medidas orientadas a su desarrollo.
Finalmente, señaló que la revisión de estas disposiciones es un tema que debe discutirse a nivel nacional y que ha planteado ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), con la intención de impulsar cambios legislativos. «Hay que discutirlo, pero sí me parece, desde mi punto de vista, muy baja la sanción», concluyó. (OMAR SOTO)
