El Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO pide cautela ante la baja, al señalar posibles inconsistencias en la captación y el registro de casos.
Ciudad de México.- Durante 2025, México experimentó una baja sin precedentes en los homicidios, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después de casi diez años con índices de violencia elevados, las cifras oficiales reflejan una tendencia a la baja que, en un primer análisis, representaría un avance significativo en seguridad.
No obstante, especialistas advierten que esta caída debe interpretarse con reservas, debido a inconsistencias y anomalías detectadas en los registros oficiales que obligan a examinar los datos con mayor rigor.
El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana señala que el descenso tan pronunciado que muestran los registros administrativos no implica necesariamente una reducción equivalente de la violencia letal en el país.
De acuerdo con cifras preliminares de 2025, se contabilizaron 27 mil 989 homicidios, lo que equivale a una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, por debajo de los 25.8 registrados en 2024. Sin embargo, el análisis de la IBERO apunta que parte de esa disminución podría explicarse por cambios e inconsistencias en los procesos de captación, clasificación y registro de los casos.
El principal foco de alerta surge al contrastar los datos del INEGI con los que reportan las fiscalías estatales a través del SESNSP. En 2024, el INEGI documentó 8.5 por ciento más homicidios que las fiscalías; para 2025, la brecha creció hasta 15 por ciento, lo que equivale a cerca de 3 mil 600 muertes que no aparecen en las carpetas de investigación.
Las discrepancias más marcadas se concentran, justamente, en entidades que reportan las bajas más pronunciadas. En estados como Quintana Roo y San Luis Potosí, la relación entre las defunciones certificadas como homicidio y las víctimas registradas en carpetas llega a ser de siete a uno.
Esta diferencia entre fuentes podría indicar que ciertos homicidios no están siendo incorporados por las fiscalías, sobre todo en los estados donde la brecha es mayor. A esto se suman reportes de medios locales sobre presuntas omisiones, alteraciones o reclasificaciones de muertes violentas, con mención especial en Sinaloa, donde la violencia ha ido al alza.
Frente a este escenario, los especialistas consideran indispensable investigar el origen de estas divergencias y explicar de manera abierta cómo se generan. Transparentar ese proceso es clave para mantener la credibilidad de las estadísticas oficiales y entender con mayor precisión la dinámica de la violencia letal.
El informe subraya también que la reducción observada en los certificados de defunción es menos acentuada que la que muestran los registros ministeriales. Por ello, la IBERO plantea que las instituciones responsables deben detallar las modificaciones y ajustes realizados a las cifras, para evitar interpretaciones erróneas sobre la magnitud real de los homicidios.
Además, mientras el homicidio doloso va a la baja, otras modalidades registran un aumento. Entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2026, las víctimas de homicidio culposo con arma de fuego, arma blanca u otros medios crecieron 37%, al pasar de mil 166 a mil 598 casos. Sobresale el homicidio culposo con arma de fuego, que prácticamente se quintuplicó en ese lapso, con una alta concentración en Guanajuato y Quintana Roo.
La interpretación de los datos se complica también por los cambios en los criterios de clasificación. La separación de las tentativas y la reclasificación de modalidades delictivas altera la presentación de la información e impide comparaciones interanuales consistentes. Es el caso del nuevo catálogo del RNID implementado en 2026, que rompe la continuidad de las series al eliminar la categoría de “otros delitos que atentan contra la vida”.
Estas modificaciones dificultan identificar tendencias reales y, por tanto, diseñar políticas públicas adecuadas para enfrentar la violencia.
Ante ello, la IBERO propone una revisión a fondo de los sistemas de registro, basada en estándares internacionales y criterios homologados que garanticen información coherente, verificable y transparente. Sus recomendaciones centrales son:
- Homologar y estandarizar los registros.
- Desagregar la información por tipo y modalidad de violencia.
- Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
- Construir estrategias de prevención con base en evidencia.
Finalmente, los expertos enfatizan la necesidad de impulsar auditorías independientes, reforzar la coordinación interinstitucional y mantener una colaboración permanente entre autoridades, academia y sociedad civil, con el objetivo de contar con estadísticas confiables y de construir una política de seguridad sustentada en derechos humanos, inclusión y evidencia sólida. (El Heraldo de Saltillo)
