Ciudad de México.- La aprobación de los cambios a la Ley Minera para nacionalizar el litio generará incertidumbre jurídica para las operaciones mineras actuales y futuras, además de que pondrá en riesgo el empleo de más de 3 millones de familias que laboran en esta industria, aseguró la Cámara Minera de México (Camimex).
La minería requiere contar con «marco legal claro, transparente y confiable» explicó la Camimex y agregó que la Constitución contempla al litio como un bien de la nación en el artículo 27.
Restringir cualquier mineral genera incertidumbre impacta negativamente en la industria minera y poner «en riesgo el empleo de más de 3 millones de familias que dependen de esta actividad, con sueldos dignos, así como el bienestar de más de 690 comunidades donde no hay posibilidad para desarrollar otra actividad económica».
La Cámara afirmó que se requieren fuertes inversiones para tener el panorama completo sobre las reservas que existen de litio en México y localización de yacimientos de litio en el país, lo que requiere de recursos monetarios.
«Con la información conocida hasta el momento, tanto por parte de las empresas mineras como de las autoridades en la materia, no es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual», expuso en un comunicado la Camimex.
Además de que dejarle a una empresa del Estado la exploración y explotación del litio reservar ese elemento para la Nación implica dejar fuera a las mineras privadas que ya tienen experiencia y recursos para aprovechar el mineral.
Para la Cámara «es indispensable dar certidumbre jurídica al sector minero responsable que opera en México. Es fundamental incentivar a la industria minera y dar certidumbre jurídica a las operaciones mineras», de lo contrario se afectarán las inversiones.
Si se impulsaran las inversiones en minería se generarán «más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; en la atracción de inversiones por más de 24 mil 200 millones de dólares para nuevas minas en los siguientes seis años; y en el pago de impuestos y derechos por 23 mil 500 millones de pesos adicionales al año». (EL UNIVERSAL)
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