En México, comprar una casa puede ser relativamente sencillo. Lo complicado viene después, cuando queremos demostrar que realmente es nuestra. No es exageración. Pregúntele a quien haya intentado corregir una escritura.
A veces el problema es que al vendedor le faltó un apellido en la escritura, o que el número del inmueble está equivocado o que en el catastro aparece un propietario y en el Registro Público de la Propiedad figura otra persona. O en el peor de los casos, que ni siquiera se acudió al notario. Entonces comienza una aventura que puede incluir abogados, notarios, funcionarios, documentos, pagos y, sobre todo, mucha paciencia. Porque en nuestro país hay trámites diseñados para comprobar cuánto sufrimiento puede soportar un ciudadano.
El problema no es menor. Durante años, millones de viviendas mexicanas han carecido de escrituras. Durante enero de este año, SEDATU dio a conocer que más de 7 millones de vivienda no tenían escrituras. Y tener una casa sin los documentos en regla puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, cuando se intenta vender o donar.
Para entender este enredo, conviene conocer a tres personajes de esta historia. Primero está el notario, él formaliza jurídicamente el traslado. Después aparece el catastro, encargado de identificar el inmueble, sus características y su valor para efectos administrativos y fiscales. Finalmente, el Registro Público de la Propiedad, donde se inscriben los derechos sobre el inmueble para darles publicidad y seguridad jurídica frente a terceros.
En teoría, los tres deberían trabajar coordinadamente. En la práctica, muchas veces parece que ni siquiera se conocen.
Cada institución tiene sus propios archivos. Así, una compraventa o donación que debería resolverse sin mayores complicaciones puede convertirse en un peregrinaje de oficinas. Hay quienes terminan por abandonar el trámite y guardar sus papeles en un cajón, hasta que años después descubren que aquel pequeño pendiente se convirtió en un problema mayúsculo.
Pero esta semana apareció una noticia relevante. El pasado 23 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Hasta hoy, cada entidad federativa contaba con sus propias disposiciones registrales y catastrales. La nueva legislación establece un marco nacional de coordinación y modernización.
¿Y eso en qué beneficia a quienes tenemos una casa, un terreno o algún otro inmueble? Nuestra propiedad tendrá algo parecido a una CURP.
Así como cada persona cuenta con una clave que permite identificarla, los inmuebles deberán contar con una Clave Única Catastral. Con ello, cada propiedad podrá identificarse de manera uniforme y evitar confusiones entre los distintos sistemas del país.
Otra novedad es la digitalización de los servicios. La ley prevé plataformas para realizar trámites, consultar información y efectuar pagos electrónicos. Esto podría significar menos visitas a las oficinas y menos horas perdidas haciendo filas. También se establecerán modelos comunes de trámites, requisitos y plazos, entonces con ello realizar una gestión en Chiapas no será una experiencia completamente distinta al de hacerla en Nuevo León.
Hay algo más que merece destacarse. Los sistemas deberán facilitar el intercambio de información y la identificación de inconsistencias. Además, las actuaciones electrónicas tendrán que dejar registros que permitan conocer y revisar las modificaciones realizadas. Esto es importante porque la modernización no solamente debe servir para ahorrar tiempo, sino también para reducir espacios de discrecionalidad y dificultar las alteraciones indebidas de los registros.
La ley entró en vigor el 24 de octubre, pero su aplicación será gradual. El calendario contempla que los nuevos modelos y plataformas comiencen a operar a partir del 1 de enero de 2027, conforme a las capacidades técnicas y operativas de las autoridades.
Y aquí viene la pregunta inevitable: ¿están preparados nuestros municipios y registros públicos para semejante transformación?
Porque una cosa es aprobar una ley desde un escritorio y otra muy distinta conseguir el funcionamiento en una oficina donde todavía se buscan expedientes entre montañas de papel.
La tecnología puede ayudar mucho, pero no hace milagros. También habrá que cuidar que la digitalización no excluya a quienes carecen de internet o no están familiarizados con estas herramientas.
Con todo, considero que estamos ante una reforma prometedora. No porque vaya a resolver de un plumazo los conflictos de propiedad, o los errores acumulados durante años, sino porque puede comenzar a corregir una de las grandes contradicciones de nuestra administración pública: que el ciudadano tenga que llevar documentos de una oficina a otra para demostrarle al propio gobierno lo que el gobierno ya debería saber.
