Galio Vega Ábrego, evitó pronunciarse sobre el encarecimiento de uniformes y la venta exclusiva en determinados establecimientos
A pesar de haber sido buscado desde semanas antes de la publicación del reportaje “La mafia de los uniformes en Saltillo: colegios y proveedores encarecen el regreso a clases”, el representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila, Galio Vega Ábrego, guardó silencio ante los señalamientos sobre el presunto monopolio en la venta de uniformes escolares por parte de colegios particulares y proveedores.
En el reportaje publicado por El Heraldo de Saltillo se documentó que diversos colegios particulares establecen proveedores determinados para la adquisición de uniformes, situación que limita las opciones de compra para los padres de familia y puede derivar en precios elevados por cada prenda, incrementando de manera considerable el gasto que representa el regreso a clases.
Sin embargo, pese a que se buscó a Vega Ábrego mediante llamadas telefónicas y mensajes, además de realizar una visita presencial a las oficinas locales de Profeco en Saltillo, el funcionario no atendió la solicitud de entrevista ni emitió algún posicionamiento sobre la problemática, aun cuando se trata de un asunto directamente relacionado con la protección de los consumidores.
Fue hasta la tarde de este lunes cuando finalmente respondió uno de los mensajes enviados, aunque no para ofrecer una declaración sobre el tema, sino para canalizar la entrevista a Torreón con una persona identificada como Ofelia Ortiz, quien, de acuerdo con el propio Galio Vega, contaría con la “información autorizada por México”.
Vega Ábrego comenzó a desempeñarse desde 2024 como encargado de Profeco en Coahuila; sin embargo, su presencia pública ha sido limitada en actividades relacionadas con las atribuciones del organismo en la entidad y también ha sido escasa su participación mediante comunicados o redes sociales para orientar a los consumidores.
La ausencia de un posicionamiento cobra relevancia durante esta temporada, cuando miles de familias se preparan para el regreso a clases y enfrentan gastos por la adquisición de uniformes, calzado, útiles escolares y otros artículos. En este contexto, una de las funciones de Profeco es brindar información y asesoría a los consumidores, así como atender posibles abusos en materia de precios, condiciones de venta y prácticas comerciales.
Mientras los padres de familia deben asumir estos gastos, permanece pendiente un pronunciamiento de la representación de Profeco en Coahuila sobre las condiciones en que los colegios particulares y sus proveedores comercializan los uniformes escolares, particularmente cuando se establecen esquemas de venta exclusiva que reducen las alternativas para los consumidores. (OMAR SOTO)
