Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Presupuesto para mujeres no siempre es presupuesto para la igualdad
Por: Abdelali Soto
La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento evidenciaron una realidad que ya existía, pero muchas veces ignorábamos: las crisis afectan de manera diferente a mujeres y hombres. En muchos hogares, las mujeres asumieron más trabajo doméstico y de cuidados, enfrentaron mayor desempleo, menores ingresos y dificultades para volver al trabajo. Esto provocó un retroceso en temas que habían requerido décadas de esfuerzo institucional y social para avanzar.
En materia de políticas públicas, esto dejó una lección importante: la desigualdad de género no se resuelve con acciones aisladas ni programas pequeños. Las crisis, naturales o sociales, tampoco afectan a todos por igual. Sus efectos dependen de las condiciones previas de cada persona, como acceso a ingresos, servicios públicos, seguridad social y tiempo disponible. Por eso, el compromiso con la igualdad debe reflejarse en el principal instrumento de la política pública: el presupuesto.
Un presupuesto con perspectiva de género no es simplemente aquel que destina recursos a programas denominados “para mujeres”. Profundiza en el análisis de cómo las decisiones de ingreso y gasto público afectan de manera distinta a mujeres y hombres; identifica y prioriza las brechas que pretende reducir y establece objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación. Su finalidad es corregir las desigualdades estructurales que limitan la autonomía, la seguridad y la participación económica y social de las mujeres.
En el mundo se han desarrollado diversas herramientas para avanzar en este tema, entre ellas: el gasto etiquetado para identificar los recursos destinados a objetivos de igualdad; las auditorías de género; los sistemas de seguimiento y las metodologías para evaluar los efectos distributivos del presupuesto. Estas prácticas fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas porque permiten conocer no solo cuánto se aprobó, sino también cómo se ejerció, a quién benefició y qué cambios se implementaron.
A este respecto, México cuenta con una trayectoria destacada. El Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) identifica las erogaciones destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, su existencia y crecimiento no garantizan que el gasto público cierre brechas. Un programa puede beneficiar a millones de mujeres y aun así carecer de un diseño orientado a transformar las causas de la desigualdad. Contabilizar como presupuesto para la igualdad todo recurso recibido por mujeres puede incrementar las cifras sin demostrar resultados sustantivos.
Este es uno de los principales cuestionamientos formulados por académicos y expertos: durante años, una parte considerable de los recursos incluidos en el anexo ha correspondido a programas sociales amplios, transferencias o pensiones cuya población beneficiaria incluye mujeres, pero no necesariamente incorpora la perspectiva de género en sus objetivos e indicadores. La diferencia es crucial. Atender necesidades inmediatas es indispensable, pero no equivale automáticamente a reducir la brecha salarial, redistribuir el trabajo de cuidados, prevenir la violencia o ampliar la autonomía económica.
Recientemente, la Secretaría de las Mujeres anunció una reconfiguración del Anexo 13 y la creación del Anexo 31 del PEF, orientado a la consolidación de una sociedad de cuidados. El planteamiento busca abandonar una lógica inercial de asignación y avanzar hacia una evaluación efectiva de la acción gubernamental. Es un cambio prometedor siempre que no se limite a modificar nombres o clasificaciones, sino que se traduzca en una verdadera reorientación de las prioridades públicas.
Para lograr un verdadero impacto es necesario responder a cuatro preguntas básicas: ¿qué desigualdad busca corregir?, ¿qué acciones financiará?, ¿cómo se medirá el resultado? y ¿qué cambio concreto experimentarán las mujeres? También se requieren información desagregada, indicadores de resultados, evaluaciones periódicas y efectos institucionales y/o administrativos cuando no se cumpla el propósito.
Presupuestar con perspectiva de género no consiste en etiquetar recursos para las mujeres. Significa revisar la totalidad del presupuesto y reconocer que cada decisión fiscal distribuye recursos, oportunidades, responsabilidades, riesgos y tiempo. La igualdad no se alcanza contando cuánto dinero llega a las mujeres, sino comprobando en qué medida ese dinero modifica las condiciones que producen y reproducen la desigualdad. Esa debe ser la verdadera medida de la calidad y la utilidad social del gasto público.
