Rocky y el silencio de los domadores
En la carpa política de Coahuila hay funciones que se anuncian con fanfarrias y otras que se intentan apagar bajando las luces. El caso de Rocky pertenece a estas últimas.
Un perro está en estado delicado por una presunta negligencia y, desde entonces, comenzó el acto favorito de los viejos domadores: administrar el silencio, repartir culpas al aire y esperar a que el público se canse y abandone las gradas.
Pero esta vez la función se les salió de control.
La indignación ciudadana no nació de un simple apego a los animales. Nació de algo más profundo: la percepción de que, cuando se trata de proteger a quienes no tienen voz, las instituciones reaccionan con una lentitud insultante. Cada hora sin información clara, cada explicación incompleta y cada trámite que se empolva en un escritorio alimenta la sospecha de que el telón de la impunidad vuelve a cerrarse.
Aquí no se trata de linchar públicamente a nadie ni de dictar sentencias desde una columna. Para eso existen las investigaciones y los tribunales. Pero sí corresponde exigir que la investigación sea rápida, transparente y exhaustiva, y que, si se acredita una conducta negligente, haya consecuencias reales.
Porque las leyes de protección animal no pueden ser utilería de campaña: bonitas para la foto, inútiles en la pista.
En el circo gubernamental abundan los equilibristas del discurso. Hablan de bienestar, de valores y de respeto a la vida, mientras el caso de Rocky se convierte en una prueba incómoda. La pregunta ya no es qué pasó únicamente con un perro; la pregunta es qué tan dispuesto está el Estado a hacer valer sus propias normas cuando la presión mediática disminuya.
Los ciudadanos no piden un milagro. Piden lo mínimo que debe ofrecer cualquier autoridad seria:
Una cronología pública de los hechos; peritajes y dictámenes transparentes; deslinde de responsabilidades sin privilegios; y sanciones efectivas si la negligencia se confirma.
Rocky no puede declarar, no puede señalar a quien falló ni puede exigir justicia. Por eso la obligación recae en quienes sí tienen voz: la ciudadanía, los medios y las autoridades que juraron cumplir la ley.
En esta función ya no bastan los aplausos ni las promesas. El público está cansado de ver cómo los responsables se escabullen por la puerta trasera mientras los reflectores apuntan a otro lado.
Si la muerte de Rocky termina archivada entre expedientes y excusas, el mensaje será brutal: en esta carpa la negligencia tiene red de protección.
Y cuando un gobierno permite que eso ocurra, el problema deja de ser un perro muerto; se convierte en una herida abierta en la confianza pública.
El telón aún no cae. Las autoridades están a tiempo de demostrar que la justicia no es un truco de magos ni una pirueta para las cámaras.
Porque en el circo de la política, la función más difícil no es prometer. Es responder.
“Esperemos a que se acabe el circo, para verle la cara a los payasos”
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