Los niños que Morena dejó en manos del crimen
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso cifras a una tragedia que el gobierno mexicano lleva demasiado tiempo intentando administrar con discursos: 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos en México. No son expedientes, estadísticas ni “casos heredados”. Son menores arrancados de sus hogares, de sus escuelas y de cualquier posibilidad de futuro.
El informe de la CIDH describe una crisis humanitaria generalizada, relacionada directamente con la actuación del crimen organizado y, en distintos territorios, con la connivencia, tolerancia u omisión de agentes estatales. También advierte que México enfrenta más de 128 mil desapariciones y una emergencia forense con decenas de miles de cuerpos sin identificar. Así luce el país de los “abrazos”: familias buscando bajo la tierra mientras el gobierno busca pretextos frente a los micrófonos.
Entre las víctimas más vulnerables se encuentran precisamente los menores. Los grupos criminales los reclutan para utilizarlos como halcones, mensajeros, cocineros de drogas, combatientes y sicarios. A veces los secuestran. Otras veces les ofrecen dinero, armas, reconocimiento o una falsa oportunidad de trabajo. Después, el oficialismo califica ese reclutamiento como “voluntario”, como si un adolescente atrapado entre la pobreza, la violencia familiar, la deserción escolar y un cártel armado estuviera eligiendo libremente su profesión.
La CIDH documenta que esta captación se vuelve más probable donde se combinan exclusión social, falta de oportunidades, ausencia del Estado y presencia del crimen organizado. Es decir, exactamente en los lugares donde el gobierno presume estar “atendiendo las causas”, aunque las causas, al parecer, siguen atendiendo puntualmente las oficinas de reclutamiento de los cárteles.
Los testimonios recogidos son estremecedores. Adolescentes de 13 y 14 años son reclutados a cambio de dinero o armas. Otros son llevados por la fuerza a campos de entrenamiento donde permanecen decenas de jóvenes sometidos por grupos criminales. Algunos logran escapar. Muchos se integran permanentemente a las organizaciones o mueren en enfrentamientos. El crimen organizado ya no solamente controla rutas, mercancías y territorios: también está robándole una generación completa al país.
Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos adicionales. El registro muestra que desaparecen más mujeres que hombres entre los 12 y los 16 años. Muchas son captadas mediante engaños afectivos en redes sociales, videojuegos y aplicaciones; después pueden terminar sometidas a trata, explotación sexual, trabajo forzado o actividades al servicio de grupos criminales. Y cuando sus familias denuncian, todavía existen autoridades capaces de responder que seguramente “se fueron con el novio”. La sensibilidad institucional de la transformación, siempre a la altura del siglo pasado.
Pero lo más grave es la coincidencia con lo expuesto en la columna anterior: la frontera entre crimen y gobierno se vuelve cada vez más difícil de distinguir. La propia CIDH reconoce evidencias de desapariciones cometidas por agentes estatales y de casos de connivencia con organizaciones criminales. Además, señala deficiencias en la aplicación de protocolos, investigaciones tardías, descoordinación institucional y altos niveles de impunidad.
Así prospera el reclutamiento: el cártel busca, captura y entrena; las instituciones llegan tarde, aplican mal los protocolos o simplemente no llegan. Después, el gobierno organiza una mesa de diálogo, anuncia una estrategia y presume su humanismo.
Un Estado que protege a políticos señalados, tolera territorios controlados por criminales y abandona a las familias buscadoras no puede decir que protege a la niñez. Puede repartir becas, imprimir folletos y pronunciar discursos conmovedores. Pero mientras miles de menores desaparezcan y terminen convertidos en soldados del narco, la realidad seguirá diciendo algo mucho más terrible: Morena prometió abrazar a los jóvenes y terminó entregándolos a los cárteles.
