Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Historia Económica Institucional: la construcción del Estado mexicano, 1824–1848
Por: Jesús Javier González Alcázar
Actualmente hay un renovado interés en el debate público por el estudio de la historia; recientemente, mediante decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) fue transformado en un organismo público que, además de realizar investigación histórica, ofrecerá programas de licenciatura y posgrado.
Sin embargo, con frecuencia el debate público convierte la historia en un espacio donde se enaltecen héroes y se condenan villanos, dejando de lado los contextos necesarios para comprender las decisiones y los incentivos de los actores del pasado.
Estudiar historia económica no debe ser solamente una ventana hacia el pasado, debe ayudarnos a comprender por qué algunas instituciones sobreviven, otras cambian y ciertos problemas reaparecen bajo circunstancias distintas; impuestos, deuda y gasto público cuentan también la historia de cómo una sociedad construye y financia al Estado.
Una forma de observar estos procesos proviene del lente institucional, Douglass North propuso entender las instituciones como reglas que estructuran la interacción humana y los incentivos de los actores; Mancur Olson centró su atención en la acción colectiva y los grupos organizados; Elinor Ostrom mostró que la coordinación no se reduce a elegir entre un arreglo institucional u otro; y Francis Fukuyama ha insistido en distinguir la existencia formal del Estado de su capacidad efectiva para hacer cumplir decisiones.
Estos enfoques resultan útiles para comprender al México que comenzaba a construirse entre 1824 y 1848.
Este periodo suele relatarse como una disputa entre federalistas y centralistas, pero vale la pena preguntarse ¿qué ocurre si observamos federalismo y centralismo como dos arreglos institucionales que intentaron construir y financiar al naciente Estado mexicano?
La Constitución de 1824 estableció una república federal distribuyendo competencias y recursos, aquello significaba mucho más que decidir quién gobernaba y dónde, implicaba determinar quién podía cobrar impuestos, quién debía financiar el gasto público y cómo coordinar intereses territoriales ampliamente diferentes.
El problema, como ha mostrado David Pantoja, fue que las élites regionales se resistieron a entregar mayores recursos al gobierno federal y preservar el acuerdo político entre los territorios tuvo como costo fiscal construir una federación sin proporcionar al gobierno nacional los recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades.
Para 1836 las reglas cambiaron, el centralismo sustituyó los estados por departamentos y concentró mayores facultades en el gobierno nacional. Sin embargo, cambiar las reglas constitucionales no significó automáticamente transformar los incentivos, eliminar los intereses organizados o crear capacidad estatal. El Estado mexicano continuó enfrentando dificultades fiscales, recurriendo al crédito y destinando una parte considerable de sus recursos a las necesidades militares; por lo que cabe preguntarse ¿cuánto cambió México al pasar del federalismo al centralismo?
Desde la perspectiva institucional de North y Olson, es necesario observar no solo qué establecían las constituciones, sino quién controlaba los recursos, quién asumía los costos, qué grupos podían proteger sus intereses y qué incentivos existían para la cooperación con el gobierno o resistirse a sus exigencias fiscales.
La guerra México-americana de 1846–1848 puede analizarse como una dramática prueba de estrés. Como han estudiado Luis Jáuregui y Carlos Marichal, las primeras décadas de vida independiente estuvieron marcadas por problemas fiscales, de deuda y financiamiento, frente a una amenaza extraordinaria, el Estado necesitaba recaudar recursos y conseguir crédito. La derrota no puede comprenderse solamente desde el campo de batalla, también obliga a observar las limitaciones fiscales, financieras e institucionales del Estado mexicano.
Construir un Estado requiere instituciones capaces de generar cooperación, movilizar recursos de manera sostenible y transformar la autoridad jurídica en capacidad efectiva de gobierno.
Dos siglos después, México posee instituciones fiscales mucho más desarrolladas, sin embargo, permanece la cuestión que afectó a aquellos primeros gobiernos, la necesidad de un arreglo institucional que permita financiar de manera sostenible las responsabilidades del Estado, equilibrando recursos, representación, cooperación y legitimidad.
Quizá por eso estudiar historia económica sigue siendo útil. El pasado no ofrece recetas para el presente, pero nos recuerda que detrás de cada presupuesto, cada impuesto y cada deuda existe siempre un problema institucional, quién aporta, quién decide y qué Estado somos capaces de construir con esos recursos.
