Detienen a ex gobernador Jorge Torres López en Puerto Vallarta; es requerido por Corte de EU

Por

5 febrero, 2019

El ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, por la Fiscalía General de la República y con fines de extradición, pues es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, para que responda a una acusación de la agencia antidrogas, la DEA.

La Fiscalía General de la República informó que los agentes actuaron en acato a una orden de detención provisional con fines de extradición internacional a Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que el detenido será presentado ante el juez que autorizó su detención para ser notificado de su situación jurídica. El Gobierno de Estados Unidos cuenta a partir de su detención con 60 días para formalizar la solicitud de extradición.

En un comunicado la Fiscalía de la República da a conocer la detención en los siguientes términos:

«Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Policía Federal Ministerial (PFM), dieron cumplimiento a una orden de detención formal con fines de extradición internacional en contra de Jorge Juan “T”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.

Personal adscrito a la Policía Federal Ministerial, a través de trabajos de gabinete y campo, ubicó y detuvo a Jorge Juan “T”, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, sin uso de violencia, ni afectación a terceros, además de que en todo momento le fueron respetados sus derechos.

Jorge Juan “T” cuenta con una Notificación Roja, emitida por la sede central de INTERPOL, en Lyon, Francia, a petición de la Oficina Central Nacional de esa organización mundial en los Estados Unidos de América, por lo cual era buscado en 194 países.

Esta persona es requerida por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas y se encuentra en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El requerido fue detenido para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, para definir su situación jurídica conforme al procedimiento de extradición internacional», concluye el comunicado.

En diversos medios informativos de circulación nacional se difundió que los agentes federales, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, capturaron al sucesor de Humberto Moreira en la Plaza La Isla, de ese puerto turístico, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición.

Torres López, quien gobernó de enero a diciembre en 2011, era prófugo de la justicia estadounidense desde el 21 de noviembre de 2013, cuando la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Corpus Christi, ordenó su captura por dos cargos de fraude bancario y uno por lavado de dinero.

En la misma acusación fue incluido Javier Villarreal, el ex tesorero de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, quien se entregó a la justicia estadounidense el 13 de febrero de 2014.

Según la acusación, Torres y Villarreal transfirieron más de 5 millones de dólares a bancos de Texas en 2008 para luego triangular el dinero a cuentas de dos bancos en las Islas Bermudas.

En particular, al ex Gobernador interino lo acusaron de transferir 2.7 millones de dólares a su cuenta de JP Morgan Chase en Texas en febrero de 2008 y luego a una cuenta en el banco caribeño.

«Torres López diseñó un esquema para defraudar a JP Morgan Chase Bank», dice la acusación de un gran jurado federal.

«Torres López mintió sobre la fuente de ingresos en relación con los movimientos de dinero desde México hacia Estados Unidos”, agrega.

En 2013, meses antes de la orden de captura, el Departamento de Justicia había presentado dos demandas civiles para decomisar los fondos que Villarreal y Torres transfirieron a las Bermudas.

De hecho, el ex mandatario compareció ante esa demanda y solicitó el descongelamiento y la devolución del dinero, argumentando que la justicia estadounidense no tenía pruebas sobre el origen ilícito de sus recursos. (Con información de El Financiero e Infonor)