La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México expresó en un comunicado publicado su preocupación por los hechos violentos sucedidos en Nuevo Laredo ocurridos la noche del 24 al 25 de marzo de 2018, donde fallecieron dos menores de edad y su madre y resultaron heridos otro menor y el padre, todos integrantes de una misma familia.
“Todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente”, recordó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.
ONU-DH en México llamó al Estado Mexicano a continuar la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre cuatro hechos violentos ocurridos esta noche, en los que fallecieron al menos ocho personas y resultaron heridas de diversa consideración otras 14, entre ellas efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).
La PGR, con base en sus peritajes, afirmó que estas personas fueron víctimas de disparos realizados desde un helicóptero de Semar desmintiendo así las versiones previamente difundidas por dicha Secretaría sobre los hechos.
“La información hecha pública por Semar que niega que se hubieran realizado disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las muertes por disparos de efectivos de Semar a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones”, aseveró Jarab en el comunicado.
Además, la ONUDH consideró preocupante la calificación de la muerte de una madre y dos hijos como un “hecho circunstancial”.
La ONU-DH recordó en su comunicado que los efectivos de Semar podrán usar sus armas de fuego, incluidas las incorporadas en helicópteros, sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida, de acuerdo con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego” de las Naciones Unidas que están incorporados por las fuerzas militares mexicanas en su manual de uso de la fuerza.
Asimismo, los Principios Básicos referidos establecen que cuando al emplear un arma de fuego se ocasionen lesiones o la muerte de una persona, se “comunicará el hecho inmediatamente a sus superiores”.
En este sentido, las medidas disciplinarias que fueran pertinentes y la investigación de la PGR deben incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido.
Informes públicos en los días siguientes a los hechos en los que no se informa de las personas muertas y heridas por los disparos realizados desde un helicóptero de Semar podrían constituir un incumplimiento del deber de “enviar rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial” que recoge los Principios Básicos referidos.
La Oficina llama la atención sobre el hecho de que no es la primera vez que un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos, incluso en Nuevo Laredo.
Sin embargo, dichos casos no han derivado en los necesarios cambios de comportamiento institucional.
“La gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento”, añadió Jarab.
En su reacción pública a los peritajes de la PGR, Semar “asumió la responsabilidad” e informó que realizará “todas las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda como la reparación integral” a las víctimas, “a pesar de constituir un hecho circunstancial cuya causa fue originada por grupos delincuenciales”.
Adicionalmente, preocupa a la ONU-DH que, según información recabada, se haya querido criminalizar y desprestigiar a las víctimas y defensores de derechos humanos de la localidad. Cabe resaltar que la familia tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que no se reduce a una atención médica y una indemnización económica.
La ONU-DH insta a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, llama a adoptar las medidas de protección necesarias para la familia y reforzar las medidas de protección ya otorgadas al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. (CINU)
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