El alcalde de Saltillo consideró inconstitucional la medida que entrará en vigor el 21 de octubre de este 2026 y advirtió que podría afectar el flujo comercial y la relación económica entre Coahuila y Nuevo León
El próximo 21 de octubre de este 2026 entrará en vigor el llamado Pase Turístico en Nuevo León, mediante el cual los vehículos foráneos que circulen por esa entidad deberán contar con un permiso expedido por el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL), medida que fue cuestionada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.
De acuerdo con los lineamientos, la falta de portación, exhibición o vigencia del Pase Turístico, así como del Registro Vehicular de Estancia Prolongada cuando resulte exigible, podrá ser verificada y sancionada por autoridades estatales y municipales dentro de sus respectivas competencias.
Sin embargo, la normativa no establece de manera expresa cuál será el procedimiento que deberán seguir las autoridades cuando detecten vehículos que circulen sin el permiso requerido, situación que también genera cuestionamientos sobre la aplicación de la medida.
“Yo me sumo a lo que el gobernador Manolo Jiménez ha comentado, que es totalmente inconstitucional. Miles de saltillenses y miles de ciudadanos de esta gran Región Sureste del estado de Coahuila, algunos trabajan allá, cuántos estudiantes hay que también viven allá y que estudian, o cualquier persona que tenga que transitar para ir al Aeropuerto Internacional de Monterrey o alguna otra situación”, expresó Díaz González.
El alcalde destacó además la estrecha relación turística entre ambas entidades y recordó que Saltillo recibe constantemente visitantes provenientes de Nuevo León. “Nosotros los recibimos con los brazos abiertos, muchos regios vienen el fin de semana a la actividad gastronómica de nuestra ciudad, a los restaurantes, a los museos, a los viñedos”, señaló.
Consideró que la medida podría terminar afectando la movilidad cotidiana de miles de personas que se desplazan entre Saltillo, la Región Sureste de Coahuila y el área metropolitana de Monterrey, además de impactar actividades económicas y comerciales.
“Se ve más como un tema recaudatorio, a final de cuentas inconstitucional. Cuántos proveedores, cuánto tema de flujo comercial, de flujo económico hay entre estas dos entidades y, sobre todo, la Región Sureste de Coahuila con toda el área metropolitana de Monterrey y la verdad ese tipo de acciones sólo van a entorpecer y perjudicar”, afirmó. (OMAR SOTO)
