México enfrenta una paradoja difícil de justificar; posee una de las generaciones jóvenes más numerosas de su historia reciente y, al mismo tiempo, millones de ellos encuentran cada vez mayores dificultades para estudiar, incorporarse dignamente al mercado laboral o construir un proyecto de vida estable. No estamos únicamente ante un problema educativo, laboral o de pobreza; la exclusión juvenil es resultado de desigualdades económicas, familiares, territoriales y educativas que terminan cerrando oportunidades precisamente en una etapa decisiva de la vida. De aproximadamente 30.4 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años, alrededor de 14.4 millones pueden ser considerados “Jóvenes Oportunidad”: 4.8 millones no estudian ni trabajan; 6.9 millones tienen empleos precarios y aproximadamente 2.6 millones continúan estudiando mientras viven en condiciones de pobreza. Las cifras revelan algo fundamental: estar dentro de la escuela o tener un empleo ya no garantiza estar integrado al desarrollo.
La exclusión comienza mucho antes del abandono escolar.
Durante años ha resultado cómodo explicar la deserción educativa como una decisión individual: “el joven no quiso estudiar” o “prefirió trabajar”. La realidad es mucho más compleja; para una familia con carencias graves, estudiar puede significar elegir entre permanecer en el aula o contribuir al ingreso familiar. Otros jóvenes deben combinar escuela y trabajo, recorrer grandes distancias, enfrentar problemas de conectividad o simplemente carecer de una institución educativa accesible. Si cuatro de cada diez jóvenes no concluyen la educación media superior y aproximadamente una tercera parte ni siquiera logra ingresar a este nivel, difícilmente podemos atribuirlo únicamente a falta de interés. Más preocupante aún es que el rezago educativo juvenil haya aumentado aproximadamente de 19 a 27 por ciento entre 2016 y 2024, comprometiendo la trayectoria de millones de jóvenes; pero la pobreza explica mucho, no todo. La escuela también debe preguntarse por qué pierde a sus jóvenes. Ampliar la matrícula es indispensable, pero colocar a un estudiante dentro de un aula no significa automáticamente ofrecerle una educación pertinente.
México debe reconocer la desconexión entre parte de su oferta educativa y las oportunidades de sus regiones. Esto no significa convertir a la escuela en una fábrica de trabajadores; la educación debe formar ciudadanos críticos, desarrollar capacidades humanas, transmitir cultura y construir comunidad; pero tampoco puede permanecer indiferente al entorno económico y social. Necesitamos programas técnicos vinculados con las vocaciones productivas regionales, universidades capaces de responder a nuevas industrias, mayor formación científica y tecnológica sin abandonar las humanidades, y mejores mecanismos de transición entre la escuela y el primer empleo. La discusión no debería ser educación o trabajo; el verdadero objetivo debe ser educación para la vida y para el trabajo digno.
Las mujeres enfrentan una exclusión particularmente silenciosa.
Una proporción importante de quienes aparecen estadísticamente como jóvenes que “no estudian ni trabajan” son mujeres dedicadas a labores domésticas, crianza o cuidado de familiares; decir simplemente que “no trabajan” resulta engañoso: trabajan, pero sin remuneración. Detrás del abandono escolar de muchas jóvenes existen responsabilidades familiares prematuras, embarazos adolescentes, ausencia de sistemas de cuidados y estructuras culturales que continúan depositando sobre las mujeres una parte desproporcionada de las tareas domésticas. Sin políticas de cuidado, guarderías accesibles, educación sexual, prevención del embarazo adolescente y posibilidades reales de reincorporación educativa, cualquier estrategia contra la exclusión juvenil permanecerá incompleta.
Programas sociales: necesarios, pero insuficientes.
El Estado mexicano ha desarrollado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a capacitar laboralmente a quienes no estudian ni trabajan. Sería injusto desconocer el beneficio que estas oportunidades representan para miles de jóvenes; pero una política pública no debe evaluarse únicamente por el número de beneficiarios o los recursos distribuidos. La pregunta fundamental es ¿qué sucede con esos jóvenes cuando termina el programa? ¿Cuántos acceden a empleos formales? ¿Cuántos mejoran permanentemente sus ingresos? ¿Cuántos construyen una trayectoria laboral y cuántos regresan a la informalidad? Las becas, apoyos económicos y programas de capacitación son necesarios, pero sin educación de calidad, crecimiento económico, empleos formales, orientación vocacional y desarrollo regional corren el riesgo de contener temporalmente el problema sin resolver sus causas.
México necesita dejar de trabajar por fragmentos.
Uno de los principales errores de las políticas públicas mexicanas es abordar cada dimensión desde instituciones separadas: educación atiende al estudiante; trabajo, al desempleado; bienestar, la pobreza; salud, el embarazo adolescente; seguridad, la violencia. Pero el joven es uno solo. Quien abandona la preparatoria porque necesita trabajar, vive en una colonia insegura, carece de transporte y únicamente encuentra empleo informal enfrenta todas esas problemáticas simultáneamente; la administración pública las divide; la realidad no. México requiere una verdadera política nacional de juventud que articule educación, empleo, salud, seguridad, movilidad, desarrollo económico y políticas familiares, reconociendo además las diferencias locales; Estados, municipios, universidades, organizaciones sociales y empresas deben participar en la identificación de quienes están abandonando el sistema y en la construcción de rutas para reincorporarlos. El sector productivo tampoco puede permanecer al margen; México reclama trabajadores especializados y, simultáneamente, numerosos jóvenes no consiguen su primer empleo porque carecen de experiencia; educación dual, prácticas profesionales de calidad, capacitación técnica, certificaciones, programas de aprendices y alianzas entre escuelas y empresas pueden convertirse en verdaderos mecanismos de movilidad social; pero también debemos superar la práctica de utilizar al joven como mano de obra barata bajo el argumento de que necesita experiencia. Capacitar implica invertir y formar talento implica ofrecer posibilidades reales de crecimiento.
Lo verdaderamente costoso es no hacer nada.
El debate sobre las políticas juveniles suele concentrarse en cuánto cuestan; quizá deberíamos preguntarnos cuánto cuesta abandonar a una generación; cada joven que deja inconclusa su educación representa capacidades que difícilmente alcanzarán todo su potencial; cada joven atrapado durante décadas en la informalidad significa menor productividad, menores ingresos fiscales y mayores dificultades para construir patrimonio; cada talento desaprovechado limita la capacidad de innovación del país. Pero existe una consecuencia todavía más profunda: cuando una generación deja de creer que estudiar, trabajar y esforzarse puede mejorar sus condiciones de vida, se rompe algo esencial en una sociedad: la confianza en que el futuro puede ser mejor que el presente. México todavía está a tiempo de transformar esta realidad, pero deberá dejar atrás políticas aisladas, estadísticas utilizadas como propaganda y soluciones sexenales. La educación necesita permanencia y calidad; la economía, empleos dignos; las familias, condiciones que permitan a sus hijos estudiar; las mujeres, sistemas de cuidado que no condenen sus oportunidades; las empresas, participar en la formación del talento que posteriormente demandan; y los gobiernos, evaluar sus programas no únicamente por el dinero ejercido, sino por las vidas que efectivamente logran transformar; porque la exclusión de millones de jóvenes no es únicamente un problema de juventud: es un problema nacional. Un país que deja fuera a millones de sus jóvenes está dejando fuera una parte de su propio futuro. La pregunta, entonces, no es si México puede permitirse invertir en ellos. La pregunta correcta es si puede permitirse seguir perdiéndolos.
