La presidenta de México anunció el inicio de un proceso para construir una regulación sobre inteligencia artificial. Los temas sobre la mesa son importantes: la protección de niñas, niños y adolescentes, el poder de las plataformas digitales, la experiencia internacional y la participación del Congreso en la construcción de un nuevo marco jurídico.
Sin embargo, bastaron unas horas y el debate tomó un rumbo equivocado. Unos comenzaron a hablar de censura; otros, del tiempo que los menores pasan frente a una pantalla.
Ambas preocupaciones son legítimas. Pero ambas hablan de los efectos, no de las causas. Ése es el verdadero reto.
La discusión nunca ha sido si debemos regular esta tecnología. Esa pregunta ya la respondió la realidad. La inteligencia artificial ya decide qué información consumimos, ayuda a diagnosticar enfermedades, redacta contratos, traduce idiomas, detecta fraudes, selecciona candidatos para un empleo e incluso comienza a incorporarse a la impartición de justicia.
La pregunta importante es otra: ¿Qué reglas gobernarán el uso de esa tecnología?
Desde hace varios años he sostenido, tanto en artículos periodísticos como en investigaciones académicas, que el dilema no consiste en decidir si debemos legislar sobre inteligencia artificial, sino en definir cuándo y, sobre todo, con qué visión hacerlo. El «cuándo», al parecer, finalmente llegó. Ahora toca responder la pregunta verdaderamente importante. Porque regular no significa prohibir. Regular significa proteger derechos, generar certeza jurídica, distribuir responsabilidades y crear condiciones para innovar.
México, de hecho, ya comenzó a hacerlo. La reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a artistas e intérpretes frente al uso de inteligencia artificial demuestra que el debate ya inició. El problema es que seguimos legislando caso por caso, reaccionando a los conflictos conforme aparecen, en lugar de construir una política pública integral.
Algo parecido ocurre en el Poder Judicial. Ante la ausencia de una legislación clara, los tribunales han comenzado a llenar los vacíos que dejó el Congreso. No porque ésa sea su función, sino porque alguien tiene que hacerlo.
El riesgo es que intentemos regular una tecnología que todavía no comprendemos.
Hace algún tiempo escribí que, en ocasiones, pareciera que estamos regulando la inteligencia artificial como si fuera una tostadora. Es como si en los años noventa, cuando llegaron las primeras computadoras, la principal recomendación hubiera sido: «úsela con la luz encendida». El consejo puede ser correcto, pero el verdadero desafío está en otro lado.
La inteligencia artificial no necesita reglas superficiales. Necesita reglas inteligentes. Las preguntas de fondo son complejas.
¿Quién responderá cuando una inteligencia artificial cause un daño? ¿Qué límites tendrá su uso por parte de las autoridades? ¿Cómo protegeremos los datos personales con los que se entrenan estos sistemas? ¿Cómo garantizaremos transparencia en los algoritmos que influyen en decisiones públicas? ¿Cómo protegeremos los derechos de autor sin frenar la innovación?
Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro digital del país.
Hoy existen iniciativas sobre inteligencia artificial congeladas en el Congreso de la Unión y en distintos congresos estatales. Tal vez este anuncio sea el impulso que hacía falta para retomarlas. Pero si legislar tarde es un error, es un error mucho más grave legislar sin comprender la tecnología que se pretende regular. Ése es el mayor riesgo. No la censura. No la inteligencia artificial. Sino la improvisación.
La tecnología nunca espera a que el Congreso termine de discutirla. Evoluciona todos los días. Las leyes son las que suelen llegar tarde.
Las generaciones anteriores tuvieron que construir las reglas de la democracia. A la nuestra le corresponde establecer las reglas bajo las cuales conviviremos con sistemas capaces de emular a los seres humanos.
Todavía estamos a tiempo. Pero sólo si dejamos de discutir exclusivamente los efectos y comenzamos a regular las causas. Porque las leyes que México escriba en los próximos años no decidirán el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial seguirá avanzando con o sin ellas.
Lo que esas leyes decidirán es algo mucho más importante: si México gobernará esta revolución tecnológica o terminará siendo gobernado por ella.
