México frente a la carrera tecnológica: infraestructura pública para una nueva economía
Durante décadas, cuando en México hablábamos de infraestructura estratégica pensábamos casi automáticamente en carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, presas o centrales eléctricas. Eran, y siguen siendo, los grandes activos que permiten mover personas, mercancías, energía y capital. Sin embargo, la economía mundial cambió. Hoy existe otra infraestructura que resulta igualmente estratégica, aunque muchas veces no pueda observarse a simple vista: centros de datos, capacidad de procesamiento, almacenamiento en la nube, redes de telecomunicaciones, inteligencia artificial y supercómputo.
En ese contexto, México está comenzando a construir algo que durante muchos años dependió fundamentalmente de proveedores externos: infraestructura digital pública propia. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha establecido dentro de su estrategia hacia 2030 objetivos que incluyen fortalecer la soberanía digital, consolidar servicios gubernamentales en infraestructura propia y proteger la información pública. Entre los proyectos más relevantes aparecen NubeMX, la expansión de centros de datos gubernamentales y la futura supercomputadora Coatlicue.
No se trata simplemente de comprar computadoras más rápidas ni de modernizar oficinas públicas. Se trata de una decisión estratégica. Uno de los proyectos centrales es NubeMX, cuyo objetivo es consolidar servicios digitales de la Administración Pública Federal sobre una infraestructura de nube administrada por el propio Estado mexicano. El calendario oficial contempla durante 2026 la incorporación de activos digitales de distintas instituciones públicas al centro de datos de Aguascalientes y, específicamente para septiembre, capacidad de procesamiento en la nube mediante GPUs para operaciones de instituciones gubernamentales. Posteriormente se prevé ampliar la infraestructura de centros de datos en Aguascalientes y Tulancingo.
Esta diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política y económica. Durante años los gobiernos del mundo migraron información y procesos hacia proveedores privados internacionales de nube. El modelo funciona
y ha permitido enormes ganancias de eficiencia. Pero también creó una pregunta que hoy muchos países están comenzando a plantearse: ¿hasta qué punto puede un Estado depender de infraestructura tecnológica que no controla? La respuesta no necesariamente consiste en abandonar a los grandes proveedores internacionales, porque eso sería poco práctico. Consiste, más bien, en desarrollar una capacidad mínima soberana, comparable a tener reservas de combustible, infraestructura eléctrica propia o redes nacionales de telecomunicaciones.
El proyecto más ambicioso dentro de esta visión es, sin duda, Coatlicue. El Gobierno de México la ha planteado como una infraestructura pública de supercómputo con capacidad prevista de 314 PetaFLOPS y alrededor de 14,480 GPUs, mediante una inversión pública estimada en 6 mil millones de pesos. Su propósito incluye procesamiento científico, inteligencia artificial, investigación, servicios gubernamentales e incluso capacidad para prestar servicios a empresas privadas. Además, durante 2026 se creó formalmente el Comité Técnico encargado de coordinar su gestión, operación y aprovechamiento, con la soberanía tecnológica y la seguridad de la información como objetivos explícitos.
Pero el verdadero valor de Coatlicue no está en el número de procesadores. Está en las preguntas que podrá ayudar a resolver. México genera diariamente enormes cantidades de información en áreas como clima, energía, agua, movilidad, agricultura, salud, aduanas, imágenes satelitales y seguridad. Procesar esa información requiere una capacidad que muchas instituciones mexicanas simplemente no tienen. El Programa Mexicano de Supercómputo ya trabaja con instituciones internacionales para procesar datos meteorológicos y desarrollar modelos de mayor resolución para México, además de explorar aplicaciones en agricultura, aduanas e inteligencia artificial.
Las implicaciones pueden ser muy concretas. Un mejor modelo climático puede anticipar sequías. Un mejor análisis energético puede optimizar redes eléctricas. Un sistema de imágenes satelitales puede detectar cambios de uso de suelo, disponibilidad de agua o incluso infraestructura energética. Un modelo avanzado de movilidad puede ayudar a diseñar ciudades. La inteligencia artificial empieza precisamente ahí: con grandes cantidades de datos y suficiente capacidad para procesarlos. Por eso, hablar de supercómputo no es hablar únicamente de ciencia, sino también de productividad, competitividad, seguridad y desarrollo económico.
Hoy por hoy, el verdadero reto será conectar infraestructura con talento. La infraestructura física deberá acompañarse de capital humano, capacitación en inteligencia artificial, formación en ciencia de datos, ciberseguridad, automatización y desarrollo de software. La oportunidad sería todavía mayor si universidades, centros de investigación y empresas pudieran acceder de forma transparente y
competitiva a una parte de esa infraestructura. Imagine una PYME mexicana desarrollando un modelo industrial que actualmente requiere contratar capacidad de cómputo en el extranjero. O una universidad regional realizando simulaciones energéticas. O una startup entrenando algoritmos especializados en manufactura, agricultura o logística. En ese momento el supercómputo dejaría de ser simplemente un proyecto gubernamental para convertirse en una verdadera plataforma económica.
