Ciudad de México.- Las presuntas irregularidades exhibidas en el Instituto Nacional Electoral (INE) van más allá de un conflicto de intereses, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debería iniciar de oficio una investigación, consideró Transparencia Mexicana (TMX).
La organización ciudadana expuso que las conductas de servidores públicos y particulares podrían constituir delitos que deben ser sancionados.
“La Fiscalía General de la República (FGR) también puede actuar de forma proactiva, iniciando una investigación de oficio sobre los posibles responsables de esos delitos, se trate de servidores públicos o de empresas”, afirmó.
En la última semana se ha dado a conocer la relación entre la ahora ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas, quien organizó fiestas, dio regalos y patrocinó viajes al extranjero a los hijos de la ex funcionaria.
De acuerdo con lo publicado, Hernández también influyó en la designación de puestos clave relacionados con las adquisiciones del Instituto.
Transparencia Mexicana afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya inició una investigación sobre el caso, debe ampliar el alcance de su revisión y fiscalizar todos los contratos celebrados durante la gestión de Taddei, quien asumió la presidencia del INE el 3 de abril de 2023.
“(Puede) realizar una auditoría forense sobre el conjunto de contrataciones para establecer si las condiciones de precios en las que se dieron esos contratos se comportan de manera razonable”, propuso.
Tanto la FGR como la ASF, resaltó por su parte Eduardo Bohórquez, director de la organización ciudadana, forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y deberían actuar de forma proactiva.
En su comunicado, Transparencia Mexicana planteó que el Órgano Interno de Control (OIC) puede actuar con celeridad en la revisión de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios involucrados en los procesos de adquisiciones y obra pública del instituto, así como proponer medidas de mitigación ante posibles conflictos de intereses.
“El pleno del Instituto Nacional Electoral puede iniciar otras medidas preventivas en el marco de sus facultades y atribuciones. La plataforma de transparencia anunciada hace unos días resulta insuficiente para la gravedad de las acusaciones”, sostuvo.
La organización ciudadana consideró que, en el proceso de designación de la persona que ocupará la Presidencia del INE, la Cámara de Diputados debería adoptar medidas adicionales para verificar la integridad de los aspirantes.
“Entre otras, una revisión preventiva por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un análisis exhaustivo de la declaración de intereses -y no solo patrimonial- de las y los aspirantes”, aseveró.
Transparencia Mexicana planteó siete acciones para afrontar la crisis en el organismo encargado de conducir las elecciones en el país.
Además de las ya señaladas, propuso pedir a los proveedores que planteen medidas adicionales para garantizar la integridad en los procesos de contratación, revisar las contrataciones realizadas en los OPLE a proveedores señalados a nivel federal y efectuar una revisión preventiva de los programas anuales de adquisiciones y obra pública del INE. (AGENCIA REFORMA)
