Ante la cercanía del ciclo escolar 2026-2027 y las denuncias por instituciones educativas particulares que obligan a las familias a comprar uniformes, útiles, libros o materiales con proveedores determinados, el diputado Felipe Eduardo González Miranda, junto con integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del PRI, presentó un punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Profeco, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
La propuesta señala que el regreso a clases puede representar un gasto de hasta 10 mil pesos por estudiante, considerando útiles, inscripciones, uniformes, ropa y calzado.
El legislador advirtió que cada año se presentan casos en los que colegios particulares condicionan la adquisición de productos escolares a establecimientos previamente seleccionados, eliminando la posibilidad de que los padres comparen precios.
“El problema no es que una institución educativa establezca las características que debe tener, por ejemplo, un uniforme por razones de identidad, seguridad o disciplina escolar, sino que una familia sea obligada a adquirirlo exclusivamente en un establecimiento determinado”, señala la propuesta.
El documento recuerda que la propia Profeco establece que ningún colegio particular puede obligar a comprar útiles, uniformes o materiales en un establecimiento específico.
Además, destaca un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se confirmó la competencia de Profeco para conocer reclamaciones relacionadas con servicios educativos privados.
Por ello, se solicita a la dependencia federal intensificar la vigilancia durante las semanas previas y posteriores al regreso a clases, además de atender las denuncias presentadas por madres y padres de familia.
A la SEP se le pide reforzar la orientación y supervisión de las instituciones educativas particulares, mientras que a la Comisión Nacional Antimonopolio se solicita intervenir cuando existan indicios de acuerdos que pudieran restringir injustificadamente la competencia entre proveedores.
“Proteger al consumidor también significa proteger la economía familiar. Defender la competencia también significa defender la posibilidad de elegir”, sostiene el documento.
El ciclo escolar 2026-2027 iniciará el próximo 31 de agosto, por lo que el exhorto fue presentado como de urgente y obvia resolución.
