Esta semana se dio a conocer la llegada a México de una empresa especializada en realizar avalúos inmobiliarios mediante inteligencia artificial. Algoritmos capaces de estimar, en cuestión de segundos, el valor de una vivienda a partir de millones de datos.
La inteligencia artificial promete responder una pregunta que en México jamás ha tenido respuesta pacífica: ¿Cuánto vale una casa? Hasta ahora existían tres métodos. El primero consistía en preguntarle al propietario, quien invariablemente respondía una cantidad que incluía los recuerdos familiares. El segundo era preguntarle al comprador, que calculaba el precio suponiendo que el inmueble estaba a punto de derrumbarse. El tercero era acudir a un perito. Ahora aparece un cuarto participante: el algoritmo que asegura conocer el mercado mejor que todos.
En principio, el avance parece alentador. Después de todo, la inteligencia artificial puede procesar información con una velocidad imposible para cualquier persona. Sin embargo, detrás de esta innovación tecnológica existe un derecho que no se debe perder de vista. Desde 1983 nuestra Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda y, desde la expedición de la Ley de Vivienda en 2006, la Suprema Corte ha construido una sólida doctrina sobre lo que significa el derecho a una vivienda. Tan solo en marzo de este año resolvió el Amparo Directo en Revisión 2265/2023, profundizando ese contenido constitucional.
Por eso la llegada de estos algoritmos merece algo más que entusiasmo tecnológico y por ello conviene formular una pregunta incómoda: ¿debemos permitir que un algoritmo determine el valor del patrimonio más importante de una familia sin reglas jurídicas claras? La respuesta no es tan sencilla.
Los llamados Modelos Automáticos de Evaluación Inmobiliaria (AVM), ampliamente utilizados en distintos países, han demostrado ser útiles para acelerar operaciones inmobiliarias y reducir costos. Sin embargo, la literatura especializada también ha documentado limitaciones importantes. Diversos estudios reportan márgenes de error que, dependiendo del mercado y de la calidad de los datos utilizados para entrenar los modelos, pueden alcanzar niveles suficientemente altos como para afectar decisiones económicas relevantes. Cuando el objeto de la valuación es la vivienda familiar, incluso pequeños errores pueden traducirse en pérdidas patrimoniales significativas.
El problema, sin embargo, no es únicamente estadístico.
Los algoritmos aprenden de los datos que reciben. Si esos datos provienen principalmente de zonas urbanas con mercados inmobiliarios activos, el sistema desarrollará una comprensión adecuada de ese entorno. Pero México es mucho más que sus ciudades.
¿Qué ocurre con las comunidades rurales? ¿Cómo valora un algoritmo una vivienda construida conforme a prácticas tradicionales? ¿Cómo incorpora el valor social, histórico, comunitario o cultural que poseen los territorios de los pueblos indígenas? La respuesta es inquietante: normalmente no lo hace.
La consecuencia puede ser una subvaluación sistemática de inmuebles ubicados en comunidades que históricamente ya han enfrentado condiciones de exclusión. En otras palabras, un algoritmo
aparentemente neutral puede reproducir desigualdades estructurales simplemente porque fue entrenado con datos incompletos o sesgados.
Aquí el debate deja de ser tecnológico y se convierte en constitucional.
El artículo 4º en relación con el 2º ambos de la Constitución reconocen el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada. Este derecho no se reduce a tener un techo; implica condiciones que permitan una vida digna, seguridad jurídica sobre la tenencia y acceso equitativo a oportunidades habitacionales, pero sobre todo a un precio razonable y proporcional conforme a la cultura del habitante.
Desde esta perspectiva, la valuación inmobiliaria no es un simple cálculo financiero. Es una decisión que puede influir en el acceso al crédito, en programas públicos de vivienda, en procesos de expropiación, en indemnizaciones, en el pago de impuestos e incluso en la posibilidad real de adquirir o conservar un patrimonio.
Por ello, no basta con celebrar la llegada de nuevas tecnologías. También debemos preguntarnos, si los ciudadanos tendrán derecho a conocer las razones por las cuales un algoritmo asignó determinado valor a su vivienda. La inteligencia artificial puede convertirse en una extraordinaria aliada para hacer más eficiente el mercado inmobiliario. Pero cuando interviene en decisiones con impacto directo sobre derechos fundamentales, ya no basta la eficiencia, también son indispensables la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión humana.
La innovación tecnológica nunca debe desplazar las garantías constitucionales. Un algoritmo puede calcular el precio de una casa; lo que no puede hacer, por sí solo, es comprender el significado que un hogar tiene para una familia, para una comunidad o para una cultura.
Porque una vivienda digna vale mucho más que la cifra que aparece en una pantalla.
