Yéssica Esquivel Alonso
¿LA CONSTITUCIÓN CAMBIA?
¿La Constitución cambia? La mayoría responderíamos que sí: cuando se reforma, cuando se modifican artículos, se reconocen nuevos derechos o se transforman las reglas del sistema político. Sin embargo, existe otra forma —mucho menos visible y, quizá, igual de importante— en la que puede cambiar: cuando cambia la manera en que la interpretamos.
Cuando estos temas llegan a los tribunales, aparece una pregunta inesperadamente antigua: ¿qué significa realmente nuestra Constitución? La respuesta parece sencilla: basta con leer el texto. Pero no es así. Las constituciones contienen palabras amplias —libertad, igualdad, dignidad, autonomía, seguridad— que necesitan ser interpretadas. Y, en ese momento, surge una discusión que, aunque parece reservada para especialistas, termina afectando nuestra vida cotidiana.
¿Debemos interpretar la Constitución conforme al significado que tenía cuando fue escrita o debemos entenderla a la luz de las necesidades del presente? La primera postura se conoce como originalismo.
En términos generales, el originalismo sostiene que la Constitución debe interpretarse conforme a su significado original o de acuerdo con la intención de quienes la aprobaron. La idea tiene una fuerza intuitiva difícil de ignorar: si queremos que la Constitución limite el poder, parecería razonable impedir que cada generación —o cada juez— le atribuya el significado que considere conveniente.
Desde esta perspectiva, interpretar no sería crear significado, sino descubrirlo. La propuesta tiene algo profundamente atractivo: ofrece estabilidad en tiempos de incertidumbre. Pero también abre preguntas incómodas. Cuando hablamos del significado original, ¿de qué origen hablamos exactamente: ¿del texto?, ¿de la intención de quienes lo redactaron?, ¿de la forma en que fue entendido en su época? Y, quizá, la pregunta más difícil de todas: ¿qué hacemos cuando aparecen problemas que quienes escribieron la Constitución jamás imaginaron?
Ninguna constitución histórica habló de algoritmos, plataformas digitales, reconocimiento facial o datos biométricos. Tampoco imaginó muchas de las discusiones actuales sobre igualdad, privacidad o libertad en los entornos tecnológicos. Entonces, ¿cómo trasladamos principios escritos en otro tiempo a conflictos presentes?
Hace ya varias décadas, el jurista Pablo de Lora advertía que el problema de interpretar una Constitución era más complejo de lo que parecía. Incluso quien busca ser absolutamente fiel al origen, inevitablemente, tiene que decidir qué historia recuperar, qué intención considerar relevante y cómo conectarla con el presente.
Más recientemente, Roberto Gargarella ha insistió en una idea complementaria: recurrir al pasado tampoco elimina los desacuerdos presentes: exige interpretar y supone elegir qué voces seguiremos escuchando y cuáles dejamos fuera.
Y quizá ahí se encuentra una de las discusiones más importantes de nuestro tiempo. No porque debamos escoger entre historia o cambio. Ni porque el pasado haya dejado de importar. Sino porque una Constitución necesita hacer dos cosas al mismo tiempo: ofrecer estabilidad y seguir siendo capaz de responder a una sociedad que cambia.
Por eso, quizá la pregunta no sea si la Constitución cambia. La pregunta más interesante es cómo cambia. Puede cambiar mediante reformas formales aprobadas por el poder político. Pero también cambia —de forma más silenciosa— cada vez que una sociedad vuelve a preguntarse qué significan hoy palabras como libertad, igualdad y otros derechos en las decisiones judiciales.
Ahí, la función del juez adquiere especial relevancia: no para sustituir a la Constitución ni para escribir una nueva, sino para interpretar cómo estos principios deben aplicarse frente a problemas que cambian con el tiempo.
Quizá por eso el verdadero reto constitucional no sea conservar intactas las respuestas del pasado, sino mantener vivas las preguntas que dieron origen a nuestras reglas comunes y encontrar nuevas formas de hacerlas relevantes frente a los desafíos del presente.
Yéssica Esquivel Alonso
Centro de Investigaciones Socioeconímicas, Unidad Sureste
