Angélica Contreras y Tania Ramírez Hernández cuestionaron si prohibirles el uso de las nuevas tecnologías digitales contribuye a protegerlos de contenidos nocivos
La salvaguarda y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ampliarse al ámbito digital porque es una extensión de sus vidas, sugirió el Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, José Antonio Ruiz Hernández.
Ocupan esos espacios para socializar, jugar y aprender; ahí también desarrollan habilidades y capacidades. La masificación de la utilización de herramientas tecnológicas revela más riesgos de los que tratamos de anticipar; fenómenos que se viven en persona se trasladan a ese ámbito: acoso escolar, mensajes, publicaciones y comentarios en diferentes plataformas, puntualizó.
De acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, 2.9 millones de adolescentes de 12 a 17 años informaron haber experimentado ciberacoso en los últimos 12 meses; más de medio millón recibió proposiciones sexuales, y la misma cantidad contenido sexual. Cerca de 100 mil reconocieron la distribución no consensuada de contenido íntimo; y aproximadamente 300 mil fueron víctimas de extorsión sexual.
En el conversatorio “Entre clicks y juegos: en búsqueda del bienestar digital de las infancias”, organizado en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, añadió: las vulneraciones a sus garantías no solo suceden por su participación en el ámbito digital, por ejemplo, hay redes de producción de materiales de abuso sexual infantil de niñas indígenas.
Durante el encuentro académico -al cual dio la bienvenida la investigadora del IIJ, Rita Astrid Muciño Corro-, Ruiz Hernández precisó que ante estas problemáticas la respuesta de los Estados, por ejemplo, en Reino Unido, ha sido prohibir el empleo de redes sociales para menores de 16 años. En UNICEF “nos preocupa que ese sea el único debate, sobre todo para cuando no existe evidencia sólida que dé cuenta que va a funcionar”. La recomendación es poner al centro las perspectivas de las niñas, niños y adolescentes, subrayó.
¿De quién es la culpa?
La integrante de la asociación civil Cultivando Género, Angélica Contreras, dijo: además de enseñarles los “primeros auxilios digitales”, hay que mejorar la comunicación y confianza que tienen con padres, familiares y personal docente.
Prohibir, regular o sancionar, “ese es el dilema”; diferentes naciones han implementado restricciones de edad para el recurrir a las redes, pero controles más estrictos para proteger a las y los usuarios son insuficientes. Los datos muestran incremento del bullying, trata, explotación sexual, etcétera; pero cuando se habla de la violencia digital, la culpa se centra en los padres “por no cuidar a sus hijos”.
La experta recordó que personas adultas son quienes crean reformas, iniciativas y leyes que impactan la vida de niñas, niños y adolescentes, pero sin preguntarles qué opinan. Hay que garantizar, mediante un trabajo colectivo, que, a partir del Estado, la escuela y la familia haya un engranaje de acompañamiento.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mencionó que el mundo adulto, frente al desconocimiento y temor, intenta prohibir. La posibilidad de que se expongan a contenidos nocivos o violentos, por ejemplo, lleva a padres, madres y profesores a proponer que se cierre la utilización de internet y dispositivos.
Hay que asumir que ellas y ellos son nativos digitales. Nos queda entender mejor, escuchándolos. Si nos mantenemos en una conversación adulta, difícilmente vamos a opinar de lo que viven en esos contextos.
Se requiere un gran pacto social donde se establezca qué responsabilidad le toca a la familia, academia, organizaciones, autoridades, organismos internacionales e iniciativa privada, finalizó en la sesión moderada por Paola Sam Aguirre, de la ENID-IIJ. (UNAM)
