Ciudad de México.- Tres de cada 10 mujeres que acceden a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la CDMX proceden de estados donde el procedimiento es ilegal.
El aborto inseguro era, antes de la pandemia, la cuarta causa de muerte materna en el país.
Las penas de prisión para las mujeres que abortan oscilan entre 15 días, en Tlaxcala, y seis años, en Sonora.
“Es mi deseo declarar que vivo en unión libre. Tengo dos hijos, uno de seis años y otra niña de ocho meses. Mi situación económica no es la mejor actualmente. Como ve, mi hija más chica aún es muy pequeña. En mi relación con mi pareja tengo problemas. En este momento no es conveniente tener otra criatura. Actualmente no uso anticonceptivos porque me hacen daño. Cuando supe que estaba embarazada, les pregunté a varias compañeras del trabajo cómo abortar. Me dijeron el nombre de unas pastillas. Las conseguí y me las tomé. Me sentí mal. Acudí al hospital. Los médicos (…) llamaron al Ministerio Público”.
Este es el testimonio de una mujer a quien llamaremos Alondra, acusada en 2012 en Baja California del delito de “autoaborto”. De acuerdo con la versión pública de su sentencia con causa penal 490/2011, los médicos, después de atenderla en urgencias, le avisaron que sería detenida. Alondra tenía 24 años, era empleada y jefa de familia cuando fue condenada a dos años de prisión o un pago de 8 mil pesos por haber interrumpido un embarazo que la llevaría a ella y a su descendencia a la pobreza.
En México, el aborto se castiga hasta con seis años de prisión, 26 mil pesos de multa, un año de trabajo comunitario, reparación económica del daño, o tratamiento médico y psicológico.
Historias como la de Alondra contrastan con la situación que viven las mujeres en la Ciudad de México, donde es posible acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Cada día, 41 mujeres abortan en clínicas y hospitales públicos, según datos de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa).
Desde abril de 2007 —año en que se despenalizó el aborto en la CDMX— hasta julio de 2020, se han realizado 227 mil 686 interrupciones voluntarias del embarazo, sin que se hayan producido muertes. Ninguna mujer ha sido castigada penalmente por abortar en estos centros de salud.
Marcos jurídicos que fomentan la desigualdad
Tres de cada 10 mujeres que acceden a la ILE en la CDMX habitan en entidades donde el aborto es ilegal, de acuerdo con datos de la Sedesa recopilados de 2007 a 2020.
En marzo pasado, Celia —cuyos apellidos pidió omitir por el estigma social que prevalece sobre el aborto— viajó desde Jalisco a la CDMX. Tenía cuatro semanas de gestación, y decidió recurrir a la ILE por dos razones: tiene un tumor que podría complicar su embarazo y nunca ha deseado ser madre.
Además de pedir permiso para faltar en su trabajo, viajar en avión, programar una estancia de tres días e invertir cerca de 10 mil pesos —71 por ciento de su sueldo—, tuvo que enfrentar la experiencia lejos de sus familiares.
“Fue una decisión que tomé pensando en mí, por mi futuro y lo que quiero”, explicó. “Despenalizar el aborto en mi estado ayudaría mucho emocionalmente (a las mujeres); no es lo mismo decidirlo cuando ni siquiera tienes el dinero para hacerlo”.
En contraste, Alejandra —quien también pidió omitir sus apellidos— es una joven de 26 años que habita en la CDMX. Tiene una hija, está desempleada y padece diabetes. El aborto que le practicaron el 8 de septiembre fue gratuito, ni siquiera gastó dinero en desplazarse porque vive a dos cuadras de una de las 13 clínicas de ILE que hay en la ciudad.
Como demuestran estos casos, las capitalinas cuentan con un servicio de salud pública que les proporciona un aborto seguro, gratuito y de calidad en su lugar de residencia. Aunque las mujeres de otros estados pueden recurrir a la ILE, solo acceden quienes disponen de medios económicos para viajar y redes de apoyo familiar y social, explicó en entrevista Marisol Escudero Martínez, asesora de políticas de Ipas CAM (Centroamérica y México), una organización dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La abogada consideró que las leyes restrictivas sobre el aborto generan una desigualdad jurídica en el goce de los derechos de las mujeres, a la vez que refuerzan las condiciones de inequidad de quienes no cuentan con recursos para interrumpir su embarazo en la CDMX.
En Oaxaca, donde en septiembre de 2019 se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación —el mismo plazo que fija la ley en la CDMX—, aún no existe claridad sobre si mujeres de otros estados pueden solicitar la ILE.
A debate: la autonomía de las mujeres
Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen en promedio de 18 a 24 años de edad, estudios de preparatoria, son solteras, tienen menos de cuatro semanas de gestación, y son madres de una o dos hijas o hijos, según las estadísticas de la ILE en la CDMX.
Condiciones económicas adversas, embarazo no planeado, uso inconsistente de métodos anticonceptivos, situaciones de violencia en la pareja —inestabilidad, conflictos, abandono—, agotamiento por la crianza de otras hijas e hijos, y deseo de continuar con proyectos personales —educativos y laborales— son algunas de las principales razones por las que abortan las mujeres, de acuerdo con el testimonio de 24 entrevistadas para el estudio “Interrupción Legal del Embarazo: Reescribiendo la experiencia del aborto en los hospitales públicos del Distrito Federal”, de las investigadoras Edith Flores Pérez y Ana Amuchástegui Herrera.
“El análisis cualitativo muestra que mientras menos deseo de tenerle (una hija o hijo), y mayor carencia de condiciones subjetivas y materiales para la crianza, las mujeres experimentaron mayor sensación de alivio y mayor experiencia de autonomía”, concluye el estudio. Sin embargo, “la experiencia de autonomía” —el derecho a decidir— no es una de las causales que permite acceder a un aborto sin sanción penal en el resto del país.
Estas restricciones obligan a las mujeres a concluir embarazos no deseados, los cuales van en aumento. Entre 2014 y 2018 se incrementó del 21 al 22 por ciento la proporción de mujeres que no planearon su embarazo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018.
Anualmente se realizan entre 750 mil y un millón de abortos inseguros, según datos proporcionados por Ipas CAM. Pese a esto, la mayoría del personal médico se niega a atender a las mujeres que lo necesitan, incluso en situaciones de emergencia, o registra el procedimiento con otro nombre, como una hemorragia obstétrica.
Al ser juzgado como un delito en 30 de las 32 entidades del país, la mayoría de los abortos son inseguros y no se registran. Según el dato más reciente de la Secretaría de Salud federal (SS), de enero a junio de 2020 hubo 39 mil 574 egresos hospitalarios por aborto en el país, sin especificar si este fue provocado, espontáneo o permitido bajo alguna causal.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la SS informó vía transparencia que, de 2007 a 2020 —sin especificar el mes—, solo cuatro de cada 10 abortos, en promedio, fueron atendidos en un hospital por razones médicas o complicaciones durante el embarazo; el resto son abortos registrados como “de otro tipo”, “no especificado” o “intento fallido de aborto”.
No obstante, cada vez menos mujeres acuden a los hospitales para practicarse un aborto, incluso por razones legales. De acuerdo con el CNEGSR, los egresos hospitalarios por aborto disminuyeron al pasar de 117 mil a 96 mil en 10 años.
Aunque el aborto es un derecho para las víctimas de violación en todo el país, de 2017 a febrero de 2020 solo se han aplicado 439 ILE por este motivo, de acuerdo con el CNEGSR. Hay entidades como Aguascalientes y Oaxaca que reportan haber practicado una ILE para víctimas de violación en todo 2019, lo que evidencia que tampoco existe el ejercicio de este derecho.
Antes de la pandemia, el aborto inseguro era la cuarta causa de muerte materna en el país, de acuerdo con los informes de vigilancia epidemiológica de la SS. Entre 2002 y 2017, la institución registró mil 192 defunciones provocadas por un aborto inseguro o complicaciones en el procedimiento. De acuerdo con datos de 2020 de esta institución, cada semana ocurre un promedio de 38.4 muertes maternas por abortos.
Faltan estudios comparativos que permitan asegurar que, tras la despenalización del aborto en la CDMX, disminuyó el número de mujeres fallecidas por abortos inseguros, o la cifra de abortos voluntarios, pero una investigación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2016 consignó que, en 14 años, la capital del país redujo el riesgo de muerte materna por aborto de 5.3 mujeres en 2002, a 3.1 en 2015.
Imponer a las mujeres un embarazo no deseado y forzarlas a ser madres es una forma de castigarlas, según la especialista de Ipas CAM, ya que tiene consecuencias negativas en su salud, educación y empleo. Este tipo de embarazos, que con frecuencia son resultado de actos de violencia, revictimizan a las mujeres y pueden causarles daño antes, durante y después de la gestación, aseguró, mientras que en el caso de las niñas y adolescentes, se exponen a riesgos de salud incluso mortales.
Pese a esto, agregó, grupos conservadores se oponen a la despenalización jurídica y social del aborto argumentando que la vida humana comienza desde la concepción, que hacerlo incrementaría exponencialmente su práctica, que estas políticas son resultado de una agenda internacional que promueve “la ideología de género”, y que la sociedad no tiene por qué responsabilizarse de los embarazos no deseados.
Presiones de la ultraderecha
Aunque el aborto es reconocido como un derecho en la CDMX, integrantes de la asociación cristiana Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana acuden cada día a la entrada de las clínicas de ILE para engañar a las mujeres sobre los procedimientos que se realizan y convencerlas de que desistan de abortar.
Una presión que se extiende a la esfera pública e intenta evitar que se apruebe la despenalización del aborto en los estados. Una de las organizaciones más combativas es el Frente Nacional por la Familia, surgido en 2016. Esta coalición protesta frente a las sedes de los partidos políticos, envía información engañosa por redes sociales, y presume de haber elaborado propuestas de legislación y política pública.
En respuesta a la presión política de estos grupos, el pasado 29 de septiembre, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano, anunciaron que enviarán tres peticiones a la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en contra de la legalización del aborto.
Más allá de posicionamientos, garantizar la ILE hasta las 12 semanas de gestación, o insistir en proteger la vida desde la concepción, es un falso debate, pues 20 años de discusión legislativa respaldan el derecho de las mujeres a decidir.
La siguiente línea de tiempo muestra las decisiones que ha tomado la SCJN sobre el aborto en México.
Congresos congelan despenalización
Tras la ILE en 2007, al menos 19 entidades modificaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción”. Sin embargo, en junio de 2018, cuando Argentina discutió una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, hubo una transformación del movimiento a favor del aborto en México que cambió el ritmo de la discusión, explicó en entrevista Jimena Soria, del área de Movilización Social del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE)
A este contexto se sumó el cambio de gobierno en 2019 y la llegada de más legisladoras feministas al Congreso federal. Desde entonces, del 1 de julio de 2018 a julio de 2020 se han presentado más de 40 iniciativas locales para la despenalización del aborto, explicó la abogada.
En el siguiente “mapa político” encontrarás el estatus de las iniciativas locales más recientes.
Aunque estas iniciativas se presentan cada vez con más frecuencias, los congresos las retrasan o las rechazan por considerarlas “inviables o improcedentes”. Esto es así, explicó Soria, porque se piensa que son incompatibles con la “protección a la vida desde la concepción”.
Ese argumento es engañoso. La SCJN ha dicho que puede coexistir la despenalización del aborto con la protección de la vida y un ejemplo de ello es Oaxaca, que en 2019 se convirtió en la segunda entidad en despenalizar el aborto a pesar de que su Constitución “protege la vida desde la concepción”. Además, la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que la titularidad de derechos se consigue a partir de que una persona nace viva, y que la protección de la vida prenatal debe priorizar la vida de la mujer embarazada, no al feto.
Pese a ello, durante estos meses de pandemia de la covid-19 —que, según el Consejo Nacional de Población, dejará 145 mil embarazos no deseados—, los congresos de Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro rechazaron, algunos a puerta cerrada, iniciativas para la despenalización del aborto.
Actualmente, el Congreso federal discute una iniciativa de 145 diputadas de distintas bancadas para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en los servicios básicos de salud en todo el país y que se dé seguridad y certeza al personal médico para prestar estos servicios.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, explicó en entrevista que, sin un Código Penal Único, las legisladoras federales no pueden despenalizar el aborto en todo el país; esto es una discusión que compete a los congresos locales, pero sí pueden proponer una reforma a la Ley General de Salud para que las mujeres decidan sobre su cuerpo y accedan a abortos seguros.
Tagle espera que esta reforma se discuta y apruebe en el último periodo de sesiones de 2020, dado que el año entrante se avecina un periodo electoral que dificultaría aún más su discusión en el Congreso. Al ser mayoría, dijo la diputada, bastaría con que Morena y sus bancadas aliadas se coordinen a favor de la iniciativa para aprobarla pero persisten opiniones divididas dentro de ese partido y no hay una posición clara entre algunos integrantes que inicialmente dijeron que la apoyarían.
Cárcel, violencia médica y muerte
La interrupción del embarazo practicada con métodos no seguros —por “personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas”, según la definición de la Organización Mundial de la Salud— puede derivar en una sanción penal.
Se desconoce el número de mujeres que podrían estar presas en México por abortar. Esta información no es pública y las autoridades no la proporcionan. En su informe “Maternidad o castigo”, de 2018, el Grupo de Información en Reproducción Elegida señaló que hasta ese año había 43 mujeres en prisión preventiva y 19 en prisión definitiva.
Cimacnoticias también solicitó esta información vía transparencia, pero solo respondieron cinco entidades. Tras una búsqueda de versiones públicas de sentencias por el delito de aborto y autoaborto en todos los estados del país, se encontraron siete sentencias que demuestran las condiciones precarias de vida de las mujeres que abortan, los riesgos que corren al interrumpir su embarazo, y los castigos a los que son sometidas.
Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres en Guanajuato —que brinda defensa legal a mujeres denunciadas por abortar—, aseguró que no hay mujeres encarceladas por este delito en el país, ya que no es una falta grave, tiene penalidades bajas y, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, es posible acceder a otras sanciones.
Sin embargo, la criminalización de las mujeres es una realidad. De enero a agosto de 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se iniciaron 434 carpetas de investigación por aborto: 101 en el Estado de México, 67 en Nuevo León, y 57 en la CDMX, aunque se desconoce si las acusaciones fueron hechas contra mujeres, hombres, acompañantes o profesionales de la salud.
De acuerdo con Cruz Sánchez, a las autoridades se les dificulta judicializar los casos por la imposibilidad de conseguir pruebas, pues los medicamentos abortivos no se pueden rastrear en el cuerpo. Cuando existen pruebas, es difícil que una mujer sea sentenciada con la máxima pena, ya que pueden pedir juicios abreviados.
No obstante, de 2000 a 2017, Las Libres documentó 200 casos de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto, como homicidio en razón de parentesco, infanticidio y omisión de cuidados. En realidad, estas acusaciones suelen enmascarar urgencias médicas como abortos espontáneos, un parto prematuro o una emergencia obstétrica.
Son los médicos quienes levantan un mayor número de denuncias por aborto. Acusan principalmente a indígenas, mujeres que no saben leer ni escribir, y que están en el último trimestre de gestación, precisó Cruz Sánchez.
“A estas mujeres que encarcelan por delitos relacionados con el aborto, el Estado les falló toda su vida: con situaciones de pobreza, discriminación, falta de acceso a la salud y la educación, incluso no hablan español”, señaló. “Los costos de esta política criminal son que, por estar presas, deben dejar a sus otras hijas e hijos al cuidado de sus madres, pierden las visitas familiares, pasan en prisión su juventud y edad productiva”.
El sector salud trata con crueldad a las mujeres que abortan, afirmó la trabajadora social. Según los testimonios de los casos que ha acompañado, los médicos las acusan de ser “la peor persona del mundo”, les piden que besen al feto, las obligan a enterrarlo con un ritual funerario, o las llevan a presenciar partos en las áreas de maternidad.
En México se castiga el aborto, dijo Cruz Sánchez, porque los gobiernos anteponen la ideología a la argumentación, la ciencia y el estudio caso por caso. Al penalizar el aborto se protege la creencia de que todas desean, quieren y deben ser madres, agregó.
“Es la imposición de la maternidad en su máxima expresión, incluso con la utilización del derecho penal. No se están tutelando (al penalizar el aborto) los derechos de nadie, porque si bien en el producto de la concepción hay vida celular y humana, no es una persona, no es sujeto de derecho, al contrario de las mujeres, que sí lo somos. En el fondo, lo que se castiga es que las mujeres decidamos ejercer nuestra sexualidad sin reproducirnos, que queramos tener placer. Eso se está castigando: nuestra posibilidad de ser felices, de ser libres, de ser independientes”. (ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA/CIMACNOTICIAS)
Este reportaje fue publicado originalmente en CIMACNOTICIAS: https://cimacnoticias.com.mx/castigar-la-libertad/el-aborto-salva-vidas
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