Una pluma menos que censurar
En México, ser periodista puede costar la vida. Pero el gobierno federal parece mucho más preocupado por colocar cortinillas a las opiniones que por impedir que las balas silencien a quienes investigan, denuncian y contradicen al poder. Morena quiere regular lo que se dice en radio y televisión, mientras permite que los criminales decidan quién puede seguir diciéndolo.
Siete periodistas fueron asesinados durante los primeros siete meses de 2026. Reporteros Sin Fronteras advierte que México no registraba un incremento semejante desde hace aproximadamente quince años y califica como un “fracaso total” la respuesta de las autoridades. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, ARTICLE 19 contabiliza 14 comunicadores asesinados. Pero no se preocupen: seguramente pronto aparecerá algún funcionario para explicar que los homicidios van a la baja, aunque los periodistas sigan cayendo.
El caso de Francisco Alejandro Leyva Aguilar resume la tragedia y la indiferencia. Fue asesinado mientras desayunaba en un puesto de comida en Oaxaca. Había publicado críticas sobre corrupción, delincuencia organizada y posible colusión entre autoridades y redes criminales. También había denunciado amenazas y hostigamiento digital después de ser exhibido en una sección de la conferencia del gobernador Salomón Jara. Presentó una queja, pero fue desestimada; acudió ante la autoridad federal, pero ésta se declaró incompetente. Para perseguir periodistas incómodos siempre hay atribuciones. Para protegerlos, curiosamente, nunca hay competencia.
ARTICLE 19 documentó cinco homicidios de periodistas en apenas seis semanas. Algunas víctimas habían recibido amenazas; otras habían denunciado hostigamiento policial o fueron atacadas después de publicar información sobre seguridad, corrupción, autoridades municipales o negocios irregulares. Incluso hubo policías municipales detenidos por su presunta participación en uno de los crímenes. No estamos solamente ante la violencia del crimen organizado, sino ante territorios donde las fronteras entre delincuentes y autoridades parecen haberse borrado.
Y después de cada asesinato se repite la ceremonia burocrática: comunicado de condena, carpeta de investigación, promesa de agotar todas las líneas y solidaridad de ocasión. Después, silencio. Como ha señalado Reporteros Sin Fronteras, abrir investigaciones que nunca avanzan no protege vidas. Es apenas la coartada administrativa de un Estado que llega puntualmente al funeral, pero nunca antes del ataque.
La frase que resume esta tragedia es brutal: “los matan porque se puede”. Los asesinan porque las amenazas no producen protección; porque los expedientes se empolvan; porque los autores materiales difícilmente reciben castigo y los intelectuales casi nunca son tocados. Los matan porque la impunidad les garantiza que la siguiente víctima será más fácil que la anterior.
Mientras tanto, Morena promueve lineamientos para decidir cuándo un periodista informa, cuándo opina y cuándo puede ser sancionado. Qué admirable eficiencia: incapaces de proteger la libertad de expresión, pretenden administrarla.
Para Sheinbaum y compañía, cada periodista incómodo parece un adversario; y cada periodista asesinado, una pluma menos que censurar.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos periodistas más tienen que morir para que el gobierno deje de vigilar lo que dicen y empiece a proteger su derecho a decirlo?
