OPINIÓN

ROBAR UN AUTO EMPUJÁNDOLO Y LAS OTRAS “DUDAS RAZONABLES”

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27 agosto, 2023

Al exponer de manera cruda y realista las injusticias en el sistema legal, En Presunto Culpable (2008), producida por Roberto Hernández, Layda Negrete, Martha Sosa Elizondo y Yissel Ibarra, se mostraron las falencias de la justicia en México. El documental presentó casos emblemáticos de abusos de poder, corrupción y falta de acceso a una justicia equitativa. Incluso, contribuyó para la reforma penal en México.

Siguiendo esta línea, Roberto Hernández, Felipe Gómez y Santiago Maza tomaron la decisión de evaluar el nuevo sistema de justicia penal en 2022. Fue así como en el pasado 2022, se estrenó la miniserie de TV “Duda razonable: Historia de dos secuestros”. En esta serie se volvieron a detectar atrocidades. Al poner el foco en las historias de víctimas de injusticias procesales y abusos institucionales, la miniserie generó empatía y sensibilización entre el público. La indignación generada por las historias presentadas llevó a un aumento en la conciencia de los derechos humanos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y conoció del Amparo Directo 4/2022 y recientemente ordenó la liberación de las personas que fueron protagonistas en la serie. La sentencia circuló por diversos medios y principalmente por las redes sociales.

Ahora bien, sin duda que este ejercicio exitoso de evaluación debe mantenerse. Hay en México muchos otros casos de presuntos culpables o de dudas razonables. Particularmente, tratándose del caso de las personas con discapacidad, la justicia mexicana sigue en deuda. Por ejemplo, quiero aquí referirme al caso que se conoció por motivo del Dictamen (comunicación núm. 32/2015) aprobado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Sistema de Naciones Unidas.

Los sucesos fueron los siguientes: en septiembre de 2011, una persona con discapacidad intelectual y psicosocial fue denunciada, ante la Fiscalía Desconcentrada Venustiano Carranza de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por supuestamente haber robado un vehículo. Hubo muchas anomalías, pero tres destacaron por surrealistas. Lo primero fue que en el proceso de investigación se demostró que el acusado no podía manejar. Entonces se modificó la investigación y se dijo que no se lo robó manejándolo, sino empujándolo. Lo segundo fue que la mamá del acusado intentó intervenir en el juicio, pero el Juez Noveno Penal en el Distrito Federal no se lo permitió pues se argumentó que la mamá no era la tutora legal, ya que no hubo un juicio previo de declaración de incapacidad jurídica, esto a pesar de que días antes el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia había señalado “que el autor presenta una discapacidad mental permanente que le impide comprender el carácter antijurídico de sus acciones y declarar ante las autoridades jurídicas” (Dictamen respecto de la comunicación núm. 32/2015). Lo tercero fue que, a pesar de todas las irregularidades, el 13 de diciembre de 2011 la sentencia había causado ejecutoria por lo cual ya era irrecurrible. Por todo ello, el acusado acudió al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Sistema de Naciones Unidas, y cuando se requirió el informe a México, este respondió que “la comunicación es inadmisible ya que el autor no agotó los recursos internos mientras tuvo pleno acceso a estos”. Por todo ello, el Comité concluyó que el Estado mexicano incumplió con las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 9, 12, 13 y 14, leídos conjuntamente con el artículo 4, todos, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es vinculante para México desde el 17 de diciembre del 2007. En México, conforme a datos estadísticos del INEGI, el 5.7% de la población mexicana son las personas con discapacidad. Por su parte, en la página “Yo también. Discapacidad con todas sus letras”, Itzel Ramírez, afirma que son cerca de 10 mil personas con discapacidad que están en prisión. De ellas, 250 personas tienen dificultad para comunicarse y 108 personas permanecen sin diagnóstico.

Por todo ello, es importante que México, no olvide los otros casos de dudas razonables e incluya en la agenda de los derechos humanos la atención a las personas con discapacidad.