La historia se repite
El 19 de febrero de 2006 colapsó la mina 8 de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila. La acumulación de gas metano provocó que 63 de 65 mineros que trabajaban en el tajo quedaran sepultados. Han pasado 16 años sin que hasta el momento se haya hecho justicia, ningún responsable pisó la cárcel y sigue pendiente el rescate de los restos de los cuerpos. La historia se repite.
Registros históricos revelan que la explosión ocurrida aquel sábado en San Juan de Sabinas no fue la de mayor número de muertos, pero sí la de mayor impacto, pues su manejo mediático derivado de la postura de autoridades atrajo los ojos del mundo.
En 1889, en la Mina 6, El Hondo, primer registro documentado de un siniestro en minas de carbón en el estado de Coahuila murieron y no fueron rescatados 300 mineros. En 1902, en la Mina 6, El Hondo, mueren 135 mineros; 1908: Mina 2, Palaú, mueren 100 mineros; en 1910: Mina 2, Esperanzas, mueren 300 mineros; y 1969: Mina Guadalupe 2 y 3 de Barroterán, mueren 153 mineros.
La historia del carbón en Coahuila ha representado un siglo de muerte, ya que, al no existir aún la diversificación de la actividad, los habitantes de los municipios de la región Carbonífera no tienen más opción más que dedicarse a la minería de generación en generación.
Y aunque hay mucho que pueden hacer políticos y legisladores frente a estas condiciones, ha preferido beneficiar a empresarios otorgando sendas concesiones y dando contratos que no cumplen las condiciones óptimas para que gane el trabajador.
A los pequeños empresarios las toneladas se les compran en cantidades irrisorias que pegan directamente en el ingreso del trabajador, pero además solapando a dueños de minas que mantienen a los mineros trabajando con nulas condiciones de seguridad y, muchas veces, sin seguro social.
¿Acaso ya se olvidó que en 2012 se presentó una iniciativa para reformar la Ley Laboral en la que se prohibía la operación de los llamados “pocitos”? La propuesta para prohibir el trabajo en tiros verticales, cuevas y pozos para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros, fue avalada en Comisiones, en específico la Comisión del Trabajo.
La entonces senadora Dolores Padierna justificó el planteamiento debido alto número de muertes por inundaciones, caídas y explosiones, así como las condiciones infrahumanas en las que laboran los trabajadores.
Sin embargo, dicha iniciativa nunca prosperó, pues algunos legisladores señalaban que se afectaba la economía, hoy vemos que se mantiene la operación de los “pocitos” a costa de la vida de los trabajadores.
Activistas y defensores de derechos humanos han exigido garantías de seguridad en la realización de esta actividad, pero han insistido en algo más la no repetición de los hechos.
No obstante, la historia se repite, la falta de justicia y sanciones a los responsables, la ausencia constante del gobierno federal y la falta de voluntad para incrementar el número de inspectores para revisar las condiciones de las minas. Y mientras tanto, generaciones de mineros siguen muriendo.
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