El pueblo manda… si permanece callado
Al parecer, el gobierno “más humanista de la historia” tiene un problema muy serio con el sentido del humor de los mexicanos. La llamada “Ley antimemes”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en el Congreso por la mayoría de Morena y sus aliados, ha encendido las alarmas por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión. Y aunque el gobierno asegura que solamente pretende combatir fraudes y proteger la propiedad intelectual, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que sus disposiciones podrían convertirse en instrumentos de censura.
Una de las reformas contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas elevadas por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas, a escala comercial, para engañar con intención de cometer un delito. Nadie cuestiona que deban castigarse los fraudes. El problema está en la ambigüedad de ciertas expresiones y en la posibilidad de que sean interpretadas contra periodistas, caricaturistas y ciudadanos que critican al poder. Además, otra reforma sobre derechos de autor podría incentivar a las plataformas digitales a retirar contenidos preventivamente. La organización Artículo 19 ha advertido sobre el riesgo de censura y vigilancia en internet.
Pero hay algo todavía más preocupante: la censura no necesita encarcelar a todos los críticos para funcionar. Basta con que una persona tema ser denunciada, enfrentar un proceso judicial o perder su espacio de expresión para que decida guardar silencio. Se llama autocensura, y constituye uno de los peligros de leyes ambiguas como la que acaba de imponerse desde Palacio —muy probablemente a petición del amo que vive en Palenque—, y que fue aprobada por los obedientes lacayos en el Congreso.
Resulta profundamente contradictorio que quienes llegaron al poder proclamando que “el pueblo manda” parezcan sentirse tan incómodos cuando ese mismo pueblo cuestiona sus decisiones. Durante años, el discurso político de Morena ha establecido una división entre quienes respaldan su proyecto y quienes lo cuestionan. Como si la voluntad popular solamente pudiera expresarse a través de López Obrador y Sheinbaum. Como si disentir significara dejar de pertenecer al pueblo para convertirse en adversario del régimen.
La democracia, sin embargo, funciona exactamente al revés. La libertad de expresión existe, ante todo, para proteger las opiniones que incomodan al poder, no para garantizar que sus simpatizantes puedan aplaudirlo. Una caricatura, una parodia o un meme pueden ser irreverentes, exagerados e incluso ofensivos. Pero la incomodidad de un gobernante jamás debería convertirse en motivo suficiente para restringirlos.
México necesita combatir los fraudes digitales, por supuesto. Pero debe hacerlo mediante leyes precisas, con garantías de debido proceso y protección explícita para la crítica política, el periodismo y la sátira.
Porque cuando un gobierno comienza a decidir qué voces del pueblo merecen escucharse, deja de defender la democracia y comienza a ponerla en riesgo. Y ningún proyecto político, por mucho que se proclame humanista, tiene derecho a silenciar a sus críticos. Luego se preguntan por qué el país sigue yendo en picada en los distintos rankings de democracia o estado de derecho.
