El senador de la República señaló que la aplicación de la Ley de Economía Digital debe considerar las condiciones de conectividad de las comunidades rurales de Coahuila, donde la falta de señal dificultaría el uso obligatorio de medios electrónicos para pagar gasolina y casetas
La aplicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos podría representar dificultades para los habitantes de comunidades rurales de Coahuila que carecen de acceso a internet y telefonía móvil, advirtió el senador de la República por la entidad, Gabriel Elizondo Pérez.
Ante la posibilidad de que los pagos electrónicos se conviertan en el único medio aceptado en determinados sectores, entre ellos las gasolineras y las casetas de peaje, el legislador cuestionó cómo podrán cumplir con esta disposición las personas que viven en localidades donde no existe la infraestructura necesaria para realizar transacciones digitales.
Como ejemplo, mencionó las condiciones de comunidades de municipios como Ocampo, así como de localidades cercanas, donde la conectividad es limitada. Expuso que, en algunas de estas zonas, la señal de radio es prácticamente el único medio de comunicación disponible, mientras que en establecimientos como las gasolineras no se cuenta con acceso a internet.
«¿Y qué va a pasar en Ocampo? Allá en Laguna del Rey, que no tienen señal, no tenemos internet en la parte donde está la gasolinera. Ahora, ¿Cómo le va a hacer nuestra gente para hacerlo?», cuestionó al referirse a las dificultades que enfrentarían los habitantes de estas regiones si se restringe el uso de efectivo.
Elizondo Pérez consideró que las propuestas orientadas a modernizar los servicios y las operaciones financieras deben acompañarse de estrategias que permitan anticipar sus efectos en la población, especialmente en las comunidades que enfrentan mayores rezagos en infraestructura y conectividad.
«Creo yo que hay muchas propuestas que se ponen sobre la mesa, que se debaten, pero que no vienen con una estrategia acompañada o pensando en lo que va a repercutir hacia otra gente», expresó.
Aclaró que su preocupación no radica en la modernización de los sistemas de pago, sino en la posibilidad de que las autoridades establezcan restricciones sin considerar las condiciones particulares de cada región. «El problema no es este, también es modernización y adelante. El tema es que dejan abierto y ambiguo a que, de la noche a la mañana, Secretaría de Hacienda te puede decir ‘Ahora todo por pago electrónico'», señaló.
La Ley de Economía Digital fue aprobada por el Senado el 20 de octubre de este 2026 y remitida al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación. El proyecto faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores y actividades en los que los medios digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago, con excepciones previstas para contingencias que impidan utilizar los sistemas.
El planteamiento del legislador pone sobre la mesa el reto de garantizar que la transición hacia los pagos electrónicos no deje en desventaja a quienes habitan en comunidades sin servicios digitales, donde la falta de conectividad podría convertirse en un obstáculo para realizar actividades cotidianas como abastecerse de combustible o transitar por carreteras de cuota. (OMAR SOTO)
