Hay ciudadanos… y ciudadanos de primera
En México, la ley dice que todos somos iguales. La realidad, sin embargo, obliga a formular una pregunta incómoda: ¿todos enfrentamos realmente el mismo escrutinio cuando existen indicios suficientes para que la autoridad investigue? Los casos de Amílcar Olán y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán permiten plantearlo sin necesidad de inventar culpabilidades: hay señalamientos, documentos, investigaciones periodísticas y actuaciones de autoridades que justifican preguntas muy serias; pero, hasta ahora, la Fiscalía ha dicho que no existe una investigación contra Andy y ha negado una orden de aprehensión contra Olán.
Empecemos por los hechos documentados. Portacelis Gas and Oil, empresa ligada a personas cercanas a Amílcar Olán, fue señalada por el SAT por presuntamente subdeclarar más de 83 millones de litros de diésel entre febrero y junio de 2025. Según la declaratoria de perjuicio enviada a la FGR, la omisión fiscal rondaría los 834 millones de pesos. El SAT pidió formalmente investigar el caso.
Tampoco estamos ante un empresario desconocido cuya relación con el poder sea producto de la imaginación. Olán es amigo de años de Andy López Beltrán. Sus empresas pasaron de un contrato federal por apenas 27 mil pesos en 2018 a operaciones públicas que, sumando contratos documentados de Romedic y pagos por arrendamientos al Poder Judicial, superan los 500 millones de pesos. Eso, por supuesto, no prueba por sí mismo que hubiera tráfico de influencias ni que la amistad determinara las adjudicaciones; las propias investigaciones periodísticas hacen esa precisión. Pero sí constituye material suficiente para preguntar cómo ocurrió semejante crecimiento y si todas esas operaciones resistirían una revisión exhaustiva.
A ello se agregan grabaciones y señalamientos sobre Olán que han aparecido en distintas investigaciones periodísticas, incluso uno relacionado con un presunto financiamiento a la campaña de Marina del Pilar en Baja California. Ese audio, por sí solo, no demuestra que el dinero haya sido entregado, algo que Animal Político señala expresamente; precisamente por eso corresponde a las autoridades investigar y determinar qué ocurrió.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 2 de septiembre que “todo se investiga” y confirmó que Hacienda y la Secretaría Anticorrupción tenían información sobre Olán. Dos días después, sin embargo, señaló que, hasta donde había informado la FGR, Andy López Beltrán no era investigado por huachicol fiscal. Y el 16 de septiembre, la fiscal Ernestina Godoy volvió a afirmar que no había orden de aprehensión contra Olán ni contra Andy.
Ese es el verdadero problema. No se trata de declarar culpable a nadie desde una columna. Se trata exactamente de lo contrario: investigar para saber.
Porque cuando cualquier ciudadano aparece relacionado con operaciones de esta magnitud, difícilmente bastaría una explicación política para cerrar las preguntas. El Estado debería despejar las dudas con expedientes, investigaciones y resoluciones.
La igualdad ante la ley no consiste únicamente en que todos tengamos los mismos derechos escritos en la Constitución. Consiste también en que ningún apellido, amistad o cercanía con el poder produzca una zona de excepción.
De otro modo, terminaremos aceptando una versión muy peculiar de ciudadanía: todos somos iguales, pero algunos parecen ser bastante más iguales que los demás.
