Autoridades estatales y municipales firmaron este miércoles un convenio de colaboración para brindar tratamiento integral a personas cuyo consumo de sustancias las haya llevado a enfrentar un proceso por la comisión de algún delito
Este miércoles, desde la Ciudad Judicial de Saltillo, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración del programa «Aplícate», estrategia de reinserción dirigida a personas en conflicto con la ley por el consumo de sustancias, con la que se busca generar alternativas para que puedan recuperar su proyecto de vida y reintegrarse plenamente a la sociedad.
El programa contempla brindar atención integral a quienes enfrentan un proceso derivado de conductas relacionadas con el consumo de estupefacientes, con el objetivo de atender no solamente las consecuencias legales de sus actos, sino también las causas asociadas al consumo de sustancias.
A través de «Aplícate», las personas participantes podrán acceder a procesos de tratamiento y acompañamiento para combatir las adicciones, fortalecer sus capacidades para reincorporarse a su entorno familiar y social y, principalmente, reducir el riesgo de recaer en el consumo y volver a incurrir en conductas delictivas.
Durante la firma se destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia y asistencia social para generar mecanismos que permitan una reinserción efectiva, bajo una visión que privilegie la atención integral y la prevención de nuevas conductas delictivas.
En el acto participaron Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad de Coahuila, y Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo.
«Estamos viviendo algo único en el país, hay muchas áreas de oportunidad pero yo creo que el problema mayor para nosotros en Coahuila, es precisamente la descomposición en el entorno familiar, en el entorno social. Cada secretaría, cada instituto, cada poder está cumpliendo con la parte que nos toca y yo siento que estamos sembrando y vamos a comenzar a cosechar», manifestó Salinas Valdés.
Con este convenio, las autoridades buscan fortalecer las acciones de atención a las personas en conflicto con la ley, ofreciendo una alternativa que combine el cumplimiento de los procesos legales con herramientas de tratamiento y acompañamiento que favorezcan su recuperación y reincorporación a la sociedad.
«Detrás de una persona que enfrenta un problema de consumo, puede haber también un contexto de abandono, de violencia, de desintegración familiar, un problema desde la niñez que puede traer arrastrando y que no ha resuelto a lo largo de su vida; esto no significa justificar una conducta inadecuada frente a la ley o la sociedad, significa comprenderla para poder atenderla de fondo», señaló Mery Ayup. (OMAR SOTO)
