Ciudad de México.- Más de 437 científicos de 12 universidades privadas han logrado ampararse en contra del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) publicado en abril pasado, mediante el cual el Conacyt los sacó del sistema de reconocimiento y estímulos más importante del país en materia científica.
Animal Político publicó que pese a aprobar los mecanismos de incorporación y evaluación previstos antes de la reforma de este año y con nombramientos vigentes, el Conacyt decidió que los investigadores que trabajan en instituciones privadas ya no formarían parte del SNI y, por lo tanto, también dejarían de recibir los estímulos económicos.
Sin embargo, los investigadores han solicitado 664 amparos en contra de esa medida entre abril y el 22 de noviembre, de los cuales, 437 ya fueron aceptados y se encuentran en proceso, con suspensiones definitivas o temporales, por lo que, de momento, deben seguir recibiendo los estímulos hasta que el amparo llegue a una sentencia, explicó Marco Muñoz, abogado que ha llevado algunos casos.
Los investigadores amparados pertenecen a la Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana de la Ciudad de México, Guadalajara y Aguascalientes; Universidad Iberoamericana, La Salle, el Tec de Monterrey, la Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) la Universidad de las Américas Puebla, (UDLAP), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y CETYS Universidad.
De acuerdo con el reglamento del SIN antes de 2021, el Conacyt podía otorgar el estímulo a todos los investigadores que aprobaran las evaluaciones previstas en el reglamento, independientemente si trabajaban para una universidad pública o privada.
Pero las universidades privadas debían hacer previamente un convenio con el Conacyt en el que se comprometían a invertir en la generación de infraestructura tecnológica si sus investigadores ingresaban al SNI. Esto es: el Consejo solo pagaría el estímulo a cada investigador, pero las universidades adquirían la obligación de destinar recursos para el desarrollo de sus investigaciones.
Muñoz explica que este mecanismo buscaba “maximizar la utilización” del estímulo e incentivar la generación de ciencia en todos los ámbitos, porque “no todos los investigadores ‘caben’ en las instituciones públicas. Pero en este caso lo público y lo privado podían ir de la mano. Y el resultado era que se dedicaba 2% a los investigadores en escuelas privadas, pero estas aportaban de 10 a 12% de investigación del país”.
La reforma al reglamento del SNI de abril pasado cancelaba la obtención de los estímulos pese a que los convenios de colaboración con las instituciones privadas aún estaban vigentes, lo que significó una violación de sus derechos, pues si el Conacyt quería cambiar las reglas, debía hacerlo para aplicar en el futuro, no para quienes tenían acuerdos vigentes, afirma Muñoz.
“Si hubo manejos irregulares tendrían que ir sobre esa gente, pero no cambiar las reglas así”, en detrimento de los derechos, sostiene el abogado. (ANIMAL PÓLÍTICO)
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