En Coahuila el gas sale huele a política
Primero fueron los bajos precios del petróleo lo que arrinconó al fracking a la esquina del olvido en Coahuila. Ahora, es el nuevo escenario político lo que amenaza la explotación del gas shale en la entidad.
Salvo que a los diputados locales del PRI los ilumine algún rayo de creatividad y arrojo, no se vislumbra en el escenario algún grupo o sector ajeno al gobierno local que levante la mano y apoye esta técnica de extracción.
La mayoría de las corrientes políticas a nivel nacional y local están decantándose contrarias a la explotación de gases no convencionales mediante la fractura hidráulica.
En no pocos países y en algunos estados de los EU, la presión medioambiental tomó tal fuerza, al grado de obligar a las autoridades a prohibir, suspender o regular en exceso el uso del fracking para la explotación del hidrocarburo. ¿Sucederá algo parecido en Coahuila?
Recientemente, los grupos ambientalistas opositores al fracking, para no quedarse atrás de lo que las organizaciones sociales realizan con fuerza en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Puebla y San Luis Potosí, y aprovechando la pasada visita a Coahuila del presidente electo y sus declaraciones en donde ratifica que el fracking «no va”, decidieron reforzar su organización para incrementar la presión sobre el gobierno, constituyendo el pasado mes de octubre la denominada Alianza Coahuilense contra el Fracking.
Por su parte, Morena y UDC en Coahuila también se mostraron contrarios a la fractura hidráulica, considerándola de alto riesgo para la salud y el medio ambiente.
En tanto, en el Senado, Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN cuestionan el uso de esta técnica, debido a los impactos ambientales que genera y al empleo de altos volúmenes de agua para su funcionamiento.
Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para prohibir la extracción de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica. El PAN pide se frene la fracturación en la Huasteca Potosina. Morena asegura que revisará las inquietudes que habitantes de varios estados del país han manifestado en contra de este tipo de proceso de extracción.
Por si fuera poco, el ajonjolí de todos los moles, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, calificó al fracking como una «salvajada”; está prohibida en varios países por sus efectos nocivos, afirmó.
El gobierno del estado, por su parte, se muestra claramente a favor de la explotación de este tipo de hidrocarburo y al uso de la técnica del fracking, argumentando, en voz del propio gobernador Miguel Riquelme, que la práctica y sus efectos medioambientales se han «satanizado”, y sin precisar a detalle sus efectos positivos, llamó a «generar una labor de consenso, de socialización con la ciudadanía y con todos los sectores involucrados”.
Lamentablemente, al momento, quienes asesoran al Gobernador de Coahuila no parecen disponer del conocimiento integral de sus efectos y consecuencias, positivas y negativas, como para presentar un informe detallado en donde se establezca que los beneficios superan a sus eventuales costos, y que el impacto ambiental realmente puede mitigarse o revertirse. De forma paralela, el Gobierno del Estado no ha logrado constituir una coalición con actores de peso y valor ciudadano que coloquen en la agenda pública los beneficios económicos y de desarrollo regional derivados de la explotación de hidrocarburos no convencionales.
En este contexto, es fácil percatarse que, al menos en Coahuila, el gas shale huele a política. Más que análisis y reflexiones sustentadas en estudios e investigaciones sobre los impactos económicos, ambientales y sociales ocasionados por el fracking, las discusiones presentadas hasta hoy reflejan el sistema de intereses e idiosincrasia de los actores involucrados.
Nos han llevado desde los intereses meramente empresariales defendidos por el denominado Clúster de Energía Coahuila, pasando por la visión del desarrollo regional y generación de empleos, aunque relativamente indiferente con el medio ambiente, que enarbola el gobierno de Coahuila, hasta concluir con las perspectivas catastrofistas, con pinceladas ideológicas, de algunos grupos de interés que consideran a los riesgos ambientales exageradamente superiores a los posibles beneficios económicos y de empleo que esta industria podría traer a Coahuila.
Esta es la razón por la que he pensado si frente al exceso de debate y deliberación, a Miguel Riquelme le convendría organizar una consulta para definir si el fracking «¿va o no va?” en Coahuila.
Tu Opinión: olveraruben@hotmail.com
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