México se desploma, pero la culpa siempre es de alguien más
Cuando México cayó siete lugares en el Índice Mundial de Competitividad del IMD, el International Institute for Management Development (Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial), pasando del sitio 55 al 62, la reacción previsible del oficialismo fue buscar culpables en cualquier parte del planeta. Que si los aranceles de Trump, que si la incertidumbre internacional, que si los conflictos en Medio Oriente. Lo único que faltó fue responsabilizar al clima. Lo que no apareció en el diagnóstico gubernamental fue la posibilidad más incómoda de todas: que el problema esté en casa.
El ranking del IMD no mide simpatías ideológicas ni preferencias partidistas. Evalúa la capacidad de un país para generar condiciones favorables para la inversión, la productividad y el empleo. Y los resultados para México son contundentes. Mientras el país ocupa el lugar 39 en desempeño económico, cae al 54 en eficiencia empresarial, al 61 en infraestructura y se desploma hasta el lugar 62 en eficiencia gubernamental. Traducido al español de todos los días: la economía sigue avanzando pese al gobierno, no gracias a él.
El propio informe identifica las causas. Habla de instituciones debilitadas, menor confianza en el Estado de derecho, deterioro de las finanzas públicas y un entorno regulatorio cada vez más incierto. Es exactamente lo que inversionistas, organismos especializados y calificadoras vienen advirtiendo desde hace años. No es una conspiración neoliberal; es la realidad pasando factura.
La paradoja resulta notable. Nunca habíamos tenido un gobierno tan dispuesto a presumir su capacidad de transformación y, al mismo tiempo, tan reacio a aceptar los resultados de sus propias decisiones. Mientras la propaganda habla de prosperidad, los indicadores muestran déficits crecientes, una deuda pública en expansión y recursos multimillonarios destinados a rescatar empresas estatales que continúan consumiendo dinero sin generar los resultados prometidos.
La infraestructura ofrece otro ejemplo revelador. México ocupa el lugar 61 en este rubro. No porque una guerra a miles de kilómetros haya destruido nuestras carreteras, nuestros puertos o nuestros centros de investigación. Tampoco porque algún arancel extranjero haya reducido la calidad de nuestras instituciones educativas. El rezago responde a años de inversión insuficiente en infraestructura productiva, ciencia, tecnología y educación, mientras el presupuesto se concentra en proyectos emblemáticos cuya utilidad política suele ser mucho más evidente que su impacto en la competitividad nacional.
El deterioro también alcanza a la inversión y la productividad. El IMD advierte un estancamiento en el impulso económico y una caída importante en la inversión fija bruta. Es una señal preocupante porque la inversión de hoy es el empleo de mañana. Cuando las empresas dejan de apostar por el futuro, los primeros afectados terminan siendo los trabajadores y sus familias.
La explicación oficial insiste en mirar hacia afuera. El problema es que este ranking compara a México con países que enfrentan exactamente las mismas turbulencias globales y, aun así, logran mejores resultados. Por eso la conclusión resulta tan incómoda para el gobierno: la competitividad mexicana no se está frenando en Washington, en Teherán ni en Bruselas. Se está frenando en las oficinas donde se toman las decisiones públicas.
México tiene todo para aprovechar el nearshoring, atraer inversiones y generar prosperidad. Lo que no tiene es tiempo para seguir desperdiciando oportunidades mientras el gobierno busca excusas en el exterior para justificar errores internos. Porque cuando un país cae siete escalones en competitividad, el problema no es que el mundo avance demasiado rápido. El problema es que quien lleva el volante insiste en negar que tomó la salida equivocada.
