«La inteligencia artificial ganó su primer juicio” Esas fueron, palabras más, palabras menos el titular ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales alrededor del mundo en esta semana. Como ocurre con frecuencia, el encabezado era lo suficientemente llamativo para viralizarse, pero demasiado breve para explicar lo verdaderamente importante.
La protagonista de esta historia es Garfield AI, una plataforma desarrollada en el Reino Unido que ha sido presentada como «el primer abogado de IA». La afirmación, sin embargo, requiere algunos matices.
Garfield AI no comparece ante el juez, no interroga testigos ni sostiene argumentos durante una audiencia. Su función consiste en automatizar gran parte del trabajo previo al litigio como el análisis de contratos, revisión de facturas impagas, redacción de requerimientos de pago, prepara demandas y estructura las declaraciones de los testigos. Es decir, realiza buena parte de la fase de preparación del caso.
Cuando el asunto llega al tribunal, la representación continúa estando en manos de un abogado humano, quien comparece personalmente ante el juez, desarrolla los argumentos jurídicos y asume la conducción del litigio.
La pregunta, entonces, deja de ser si una IA puede litigar. La verdadera pregunta es otra: ¿qué cambió en el sistema jurídico para que una plataforma tecnológica pudiera ofrecer servicios legales bajo autorización oficial? Ahí es donde comienza la historia realmente interesante.
Durante décadas, el ejercicio profesional del derecho en Inglaterra estuvo prácticamente reservado a abogados colegiados. Ese paradigma comenzó a transformarse con la Legal Services Act de 2007, una reforma que introdujo las denominadas Alternative Business Structures (ABS). Estas estructuras permiten a las personas no abogadas —como ingenieros, científicos de datos, o incluso inversionistas—ser socios, accionistas o directivos de empresas dedicadas a prestar servicios legales, siempre bajo la supervisión del regulador.
Gracias a este marco jurídico, GARFIELD LAW LIMITED obtuvo autorización de la Solicitors Regulation Authority (SRA) para operar como proveedor regulado de servicios legales. No se trató de un experimento improvisado. La empresa superó un proceso de evaluación de varios meses para demostrar que cumplía con los mismos estándares éticos y profesionales exigidos a cualquier despacho de abogados.
Aquí aparece la verdadera innovación.
Lejos de flexibilizar las exigencias por tratarse de IA, el regulador británico decidió conservar las garantías tradicionales del ejercicio profesional y adaptarlas al nuevo entorno tecnológico.
En primer lugar, la plataforma debe contar con un seguro de responsabilidad civil profesional. En segundo término, Garfield AI fue diseñada para minimizar el riesgo de las llamadas «alucinaciones» de la IA. A diferencia de los modelos de otros modelos, su funcionamiento se encuentra deliberadamente restringido. No puede construir interpretaciones jurídicas complejas ni inventar precedentes judiciales. Su ámbito de actuación se limita a procedimientos estandarizados y sustentados en información objetiva, como contratos, facturas y reglas procesales claramente definidas. La tercera garantía consiste en la protección del secreto profesional. Finalmente, la IA no opera en un vacío de responsabilidad. La regulación exige la presencia de un abogado humano responsable del cumplimiento ético y normativo de la organización, y responde jurídicamente por su funcionamiento. Además, la legislación británica continúa reservando la representación oral y la argumentación ante los tribunales exclusivamente a personas físicas debidamente autorizadas. En consecuencia, Garfield AI puede preparar un litigio, pero la decisión estratégica y la defensa ante el juez siguen siendo, por ahora, una función exclusivamente humana.
Todo ello permite comprender que la noticia más importante nunca fue que una IA «ganara un juicio». Lo que cambió fueron las reglas.
Este caso deja, al menos, tres enseñanzas para quienes observamos el futuro de la profesión jurídica.
La primera es que, en el corto plazo, la IA difícilmente sustituirá a los abogados. La segunda enseñanza es que la verdadera innovación jurídica no depende exclusivamente de desarrollar mejores algoritmos. Su principal desafío consiste en construir marcos regulatorios capaces de incorporar la tecnología sin sacrificar la responsabilidad profesional, y la protección de los usuarios. La tercera es quizá la más trascendente desde una perspectiva social. Herramientas como Garfield AI pueden contribuir a democratizar el acceso a la justicia.
Por eso, la inteligencia artificial no cambió el derecho. El derecho empezó a cambiar para incorporar a la IA. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo la historia.
