Dicen que la justicia tarda, pero llega. El problema es que, a veces, llega tan tarde y el problema ya cambió, el negocio cerró o el ciudadano simplemente se cansó de pelear contra la autoridad.
Por eso vale la pena hablar de una reforma poco comentada, pero que puede tener efectos importantes para quienes alguna vez tengan que acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, ese tribunal al que llegan asuntos relacionados con multas del SAT, resoluciones administrativas, y sanciones de diversas autoridades federales.
La buena noticia es que la reciente reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (publicada el pasado 9 de junio) busca que los juicios sean más ágiles y menos burocráticos.
Uno de los cambios más importantes es que ahora el Tribunal tendrá plazos más claros para actuar. Por ejemplo, una vez presentada una demanda (art 17 Bis), la magistratura deberá decidir si la admite o la desecha en un plazo máximo de cinco días. Antes, la ley no establecía expresamente ese límite. También se estableció que muchas promociones presentadas durante el juicio deberán resolverse en un plazo no mayor a cinco días (art. 6 Bis). Es decir, la ley le puso cronometro al expediente.
Porque seamos honestos: todos conocemos esa sensación de presentar un trámite y entrar a una especie de limbo administrativo donde nadie sabe qué pasó, quién tiene el asunto o cuándo habrá respuesta. La reforma intenta reducir precisamente esos espacios de incertidumbre.
Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de las medidas cautelares. Imaginemos que una autoridad ordena la clausura de un negocio y el juicio tarda meses o años. Si al final la persona gana el caso, pero durante ese tiempo el negocio quebró, la victoria jurídica se parecerá más a un premio de consolación. Por ello, la ley refuerza la posibilidad de suspender ciertos actos para evitar daños irreparables (art. 24).
Además, la reforma impulsa el uso de herramientas digitales y consolida diversos aspectos del juicio en línea. Aunque muchos aún prefieren el expediente físico, la realidad es que la tecnología puede acercar la justicia a quienes viven lejos de las sedes judiciales y reducir costos innecesarios.
Claro está, no todo lo que se reformó representa cambios profundos. Buena parte del decreto actualiza el lenguaje utilizado en la ley para hacerlo más incluyente, y sustituye expresiones como «actor» por «persona actora» o «magistrado» por «magistrada o magistrado». Son modificaciones importantes desde una perspectiva de técnica legislativa, aunque no alteran el fondo del procedimiento.
¿Significa esto que a partir de mañana todos los juicios administrativos serán rápidos y eficientes? No necesariamente. Las leyes, por sí solas, no resuelven los problemas estructurales de las instituciones. Se requiere una auténtica cultura de servicio público. Sin embargo, contar con reglas más claras sobre los tiempos en que debe actuar la autoridad jurisdiccional es un paso en la dirección correcta.
Al final del día, la justicia no sólo debe ser imparcial; también debe ser oportuna. Porque una sentencia que llega demasiado tarde corre el riesgo de convertirse en una anécdota jurídica sin utilidad práctica.
Y en un país donde solemos bromear diciendo que algunos expedientes envejecen mejor que el vino, cualquier reforma que intente hacer más eficiente el acceso a la justicia merece, al menos, nuestra atención.
La ciudadanía no tiene por qué memorizar artículos ni dominar tecnicismos legales. Pero sí tiene derecho a saber que las reglas del juego están cambiando y que, cuando se enfrenta al poder público, el reloj también debería correr a favor de las personas y no únicamente de la burocracia.
