El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila advierte que la propuesta federal obligaría a los estados a homologar procedimientos, requisitos y mecanismos de elección judicial bajo un mismo modelo nacional
La nueva iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial impulsada a nivel federal tendría como una de sus principales implicaciones una reducción significativa en la capacidad de los estados para definir el funcionamiento de sus propios poderes judiciales, advirtió el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup.
Señaló que uno de los puntos más relevantes de la propuesta es el impacto directo que tendría sobre los poderes judiciales locales, ya que las entidades federativas estarían obligadas a sujetarse prácticamente al mismo diseño federal en materia de elección, evaluación y funcionamiento judicial.
Actualmente, el artículo 116 constitucional establece que las candidaturas y elecciones de magistraturas y personas juzgadoras locales deben realizarse conforme a las bases de la Constitución Federal; sin embargo, el magistrado presidente sostuvo que la propuesta considera que varios estados no se ajustaron plenamente al modelo derivado de la reforma judicial del 2024.
Por ello, explicó que la iniciativa plantea endurecer las reglas para que los poderes judiciales estatales deban replicar procedimientos, etapas, modalidades, requisitos, plazos y mecanismos previstos para el Poder Judicial de la Federación.
“En otras palabras, la iniciativa reduce el margen de libertad configurativa de los estados”, expuso Mery Ayup al advertir que esto limitaría la capacidad de las entidades para adaptar sus procesos judiciales a las particularidades institucionales de cada región.
De acuerdo con el presidente del Poder Judicial de Coahuila, aunque los estados conservarían facultades para regular aspectos no previstos expresamente en la Constitución Federal, quedarían obligados a replicar el diseño federal en los temas esenciales.
Entre las reglas mínimas que deberían observar las entidades federativas destacan mecanismos públicos y transparentes para la selección de candidaturas judiciales, la integración de Comités de Evaluación por cada poder estatal, procesos de insaculación pública para depurar listados y garantizar la paridad de género, así como evaluaciones de desempeño y programas permanentes de capacitación para jueces y magistrados locales.
Asimismo, destacó que las legislaturas estatales tendrían únicamente 60 días naturales para adecuar sus constituciones y leyes locales al nuevo diseño federal una vez que entre en vigor el decreto correspondiente.
ELECCIÓN JUDICIAL HASTA 2028
La propuesta también contempla aplazar la próxima elección judicial mediante voto popular, prevista originalmente para el 2027, hasta 2028, reducir el número de candidaturas por cargo, simplificar las boletas electorales y reorganizar las elecciones judiciales por circuitos judiciales.
Además, establece que las personas juzgadoras que aspiren a otro cargo judicial deberán presentar una renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse en el nuevo proceso.
Otro de los cambios planteados es el fortalecimiento de los Comités de Evaluación mediante una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios, revisar requisitos constitucionales y diseñar metodologías comunes para los procesos de selección.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa mantendría su integración de nueve ministras y ministros, aunque propone que funcione en Pleno y en dos secciones para agilizar asuntos de trámite y gestión. (OMAR SOTO)
