Ciudad de México.- Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló esta semana a favor de México y ordenó revisar la demanda que presentó contra ocho fabricantes de armas,
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, celebró la medida y destacó que ahora un juez de primera instancia estará obligado a revisar el fondo del asunto.
En agosto de 2021, el Gobierno mexicano, a través de la Cancillería, presentó una demanda civil en contra de Smith & Wesson, Barret, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock, Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
En septiembre de 2022, el juez de primera instancia desechó la demanda al considerar que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas.
El pasado lunes, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede Boston, dictó una sentencia de apelación favorable para el Gobierno de México al considerar que la PLCAA no aplica fuera de Estados Unidos y ordenó al juez iniciar un juicio.
El Gobierno mexicano planteó ante los tribunales de Estados Unidos que los fabricantes de armas no sólo han sido negligentes en la comercialización de sus productos, sino que incluso han instigado el tráfico hacia México para obtener ganancias, señaló Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería.
En entrevista, señaló que la Corte de Apelaciones, que falló en favor de México, consideró que el argumento esgrimido por la SRE es válido y, por lo tanto, los fabricantes podrían tener responsabilidad por el uso que se hace de las armas en territorio nacional.
«Las empresas, por su negligencia, por su falta de cuidado o, en algunos casos, como lo señalamos en una segunda demanda en Arizona, de manera consciente y voluntaria, le venden a prestanombres, o dejan que prestanombres compren armas y después las trafiquen a México y las entreguen al crimen organizado», indicó.
Aunque aún falta mucho para que el juez determine un monto de reparación del daño, Celorio dijo que la afectación ha sido estimada en entre cinco y seis por ciento de Producto Interno Bruto (PIB), esto es alrededor de 15 mil millones de dólares.
«Hay una etapa de cuantificación del daño, ya el juez tendría que determinar cuánto es el monto que tendrán que pagar las empresas demandadas, pero esta cifra nos ayuda a entender la magnitud del problema.
«No es únicamente cuánto gastamos en reemplazar helicópteros derribados o repararlos, ¿Cómo cuantificar la muerte de una persona de las Fuerzas Armadas?, una lesión, una amputación, un daño psicológico, la atención médica, gastos funerarios, esos daños directos, inmuebles, y luego gastos indirectos», planteó.
La resolución de la Corte de Apelaciones, resaltó, es trascendente por tres motivos: primero, revoca la decisión de un juez de primera instancia que había desechado la demanda y permite que el juicio avance; segundo, es la primera vez que un Gobierno extranjero denuncia a los fabricantes y esto abre la vía a otras naciones afectadas; y, tercero, se pudo superar la ley de inmunidad en la que se amparaban las empresas para no hacerse responsables.
Celorio explicó que las demandadas tienen 14 días para inconformarse ante el fallo del tribunal, pero si esto no ocurre, la sentencia establece que el caso debe regresar al juez de primera instancia e iniciar propiamente el juicio.
«Ahora, la discusión en el litigio ante la Corte de Distrito será probar por nuestra parte y las empresas tendrán que negarlo con pruebas que no están ayudando o instigando el tráfico ilícito de armas», expuso Celorio. (AGENCIA REFORMA)
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