Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, la diputada local del PRI Martha Loera Arámbula, presentó una proposición con punto de acuerdo mediante la cual, solicitó a los 38 ayuntamientos de la entidad la implementación de líneas de atención telefónicas emergencia de carácter incluyente, con el propósito de apoyar a la población con alguna discapacidad en caso de accidentes, desastres naturales, o sean víctimas de algún delito.
En dicha propuesta, la legisladora priísta solicitó además la integración en los municipios de grupos de seguridad de WhatsApp para padres y cuidadores de personas con discapacidad o con alguna condición de vulnerabilidad que permitan la atención a estas últimas en casos de emergencia, mismas que deberán ser atendidas por especialistas con los conocimientos y la preparación pertinente.
La diputada recordó que desde el año 2016 se implementó en México el número 9-1-1 como el número único a nivel nacional para atención de emergencias médicas, de seguridad y protección civil, siendo Coahuila de las primeras entidades federativas en las que entró en funciones. Sin embargo, señaló a pesar de ser un servicio público al que toda la sociedad debe poder acceder, esto no es una realidad para las personas con discapacidad.
Indicó que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a un número telefónico para servicios de emergencia, armonizado a nivel nacional que contemple mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y también los mensajes de texto, sin embargo, señaló que, hasta el momento, esta disposición sigue siendo letra muerta.
Agregó que en Coahuila existen 454 mil 870 personas con discapacidad, lo que equivale al 14.5 por ciento de la población del estado.
“La atención oportuna de las emergencias que enfrenta la población es un derecho que tienen todos los habitantes del país, siendo responsabilidad de las autoridades el preservar y garantizar su integridad, vida y patrimonio. Esto nos compromete a generar acciones que permitan responder de manera efectiva, ordenada y consistente ante estas situaciones, con sensibilidad para dar un trato digno y adecuado cuando quien recurre a estos servicios es una persona con discapacidad”, dijo la diputada.
“Con esto se estaría dando paso a un estado más inclusivo, logrando que las personas con discapacidad y sus familiares tengan accesibilidad a estas líneas cuando les sean necesarias. Si bien sabemos que el camino a lograr una inclusión de carácter plena es largo, siempre hay que tener la iniciativa y es nuestro deber como servidores públicos velar por las necesidades de aquellos que más lo necesitan”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR | EL HERALDO)
Autor
- Reportero de El Heraldo de Saltillo con reconocida trayectoria en radio y prensa escrita en el estado de Coahuila.
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