Por medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo este viernes en Saltillo, el Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expuso el riesgo latente de que las guarderías particulares que brindan servicio a este sistema de salud desaparezcan ya que, desde el 2018, únicamente estos espacios han recibido el uno por ciento de aumento para la atención de menores en equivalencia a la inflación anual, lo que las hace incosteables para sus propietarios, ya que el 60 por ciento de lo que disponen se emplea en el pago salarial a sus trabajadores.
De acuerdo con Marisela Rodríguez Gallardo, representante del Enlace Nacional de Guarderías en Saltillo y Ramos Arizpe, en México hay aproximadamente mil 190 guarderías subrogadas por el IMSS, de las cuales 54 están en Coahuila, mismas que podrían cerrar definitivamente si el Instituto no aplica las medidas necesarias para que su presupuesto aumente en relación a la alza vigente del salario mínimo, para garantizar el pago de honorarios a sus colaboradores y, a la par, el mantener el servicio para los derechohabientes.
Apuntó que en a inicios del 2018, el IMSS pagaba una cuota por niño de 1.4 veces más que el salario mínimo, mientras que en este 2024 únicamente cubre una cuota por usuario del 0.7 veces más que el salario mínimo, al tiempo que en los últimos cinco años los gastos de operación en guarderías subrogadas incrementaron hasta en un 121 por ciento.
“En riesgo estamos todas, porque finalmente tenemos que trabajar con una cuota sustentable. En Coahuila son 18 mil y en Saltillo son como 2 mil 300 aproximadamente (infantes los que asisten a este tipo de guarderías”, mencionó.
POSIBLE LITIGIO
Por lo anterior, Rodríguez Gallardo informó que el citado Grupo ya extendió un llamado al titular del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, a la espera de una respuesta satisfactoria, ya que, de lo contrario, no descarta realizar un litigio en contra del organismo para obtener por la vía legal lo que, en palabras de la entrevistada, es lo justo por el servicio que, a final de cuentas, no genera un gasto para los trabajadores dados de alta en ante el Instituto.
“Definitivamente lo del cierre podría haber sido una alternativa contundente y muy fuerte. Sin embargo, queremos hacer algo pacífico, obviamente, si no hay respuesta, estamos en otra instancia a nivel nacional; va a haber un litigio, quizá no todas las guarderías van a querer entrar, pero estamos también con ese procedimiento en puerta, dependiendo de los resultados que tengamos”, externó.
“Es una demanda para que se ajuste la cuota. Lo que pedimos es una cuota justa, basada en un costo de operación, basada en todos los gastos que nosotros tenemos para poder subsistir”. (OMAR SOTO)
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