Un nuevo Diálogo Social
Tengo la impresión de que a nuestros líderes la pandemia les dolió mucho, pero a algunos los cambió poco. De otra manera, cómo nos explicamos que a pesar de los profundos problemas sociales que la crisis sanitaria dejó al descubierto, continúen con los mismos discursos relacionados, en su mayoría, con temas electorales, juegos de poder y la descalificación a ultranza del adversario.
Cuando más se necesita del diálogo y el acuerdo para la formulación de políticas sociales y económicas que atiendan a la brevedad y con eficacia las cuestiones esenciales que afectan el bienestar de la población, entre ellas la protección social, la salud y el empleo, el atrincheramiento en las distintas posiciones partidistas o el aislamiento de quienes asumen el poder provoca una mayor polarización política.
Mientras se incrementa el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión, con cada proceso electoral o cualquier otra confrontación partidista se esfuma la oportunidad de construir un gran pacto social.
No considero que las fuerzas políticas de este país carezcan de propuestas en materia de bienestar social y desarrollo económico, al contrario, desde ambas posiciones (Gobierno y oposición) se escuchan alternativas interesantes para enfrentar los rezagos dejados por la pandemia, además de prevenir los efectos adversos de futuras crisis o del incremento en los precios de los alimentos y los energéticos.
Frecuentemente, escuchamos iniciativas que van desde el fortalecimiento de los programas sociales, destinar mayores recursos de inversión hacia el sur del país, reformar el sistema eléctrico, hasta la revisión del Pacto Fiscal y del esquema tributario, establecer una renta básica universal, impulsar un seguro de desempleo, fortalecer el sector salud, reactivar las estancias infantiles e incluso construir un sistema de protección social que incluya a los trabajadores de la economía informal.
Lo que sucede es que en México los partidos y sus líderes conocen bastante de política social y combate a la pobreza, pero parecen haber olvidado cómo dialogar y lograr los acuerdos con otras fuerzas políticas para darle viabilidad política y fiscal a las distintas reformas en el marco de un nuevo pacto social.
Por esta razón, tiene un gran valor democrático la suma de otras voces en la conformación de nuevos debates y conversaciones que permitan comprender, desde diferentes posiciones, las problemáticas que dejó o descubrió la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, proponer las políticas sociales, fiscales y económicas que ayuden a mejorar las condiciones sociales de la población.
En este sentido, me llama profundamente la atención la idea de Diálogo Social, promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este concepto ha sido reconocido, principalmente en la Unión Europea y en países del Mercosur, como un mecanismo democrático de resolución de problemas en el mercado laboral y la formulación de políticas sociales y económicas, por medio del acuerdo y el consenso entre sindicatos de trabajadores, empresarios y el Gobierno.
Podría parecer que este mecanismo se aplica exclusivamente al momento de discutir reformas laborales. En México, de hecho, ha sucedido así. Históricamente, el diálogo social se ha desplegado cuando se acuerdan y plantean al Congreso de la Unión las diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sin excepción, la mesa ha sido integrada por los sectores productivos y el Gobierno, representado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
No obstante, recordemos que este diálogo tripartito también se ha activado en diferentes momentos críticos de la historia del país, sobre todo para acordar y establecer pactos de estabilidad y de protección del empleo. La experiencia, por lo tanto, con sus respectivos matices y tensiones políticas, se ha aplicado en México, aunque no de manera institucionalizada como ocurre en países europeos.
Por ello, en mi opinión, esta coyuntura de crisis nos obliga a impulsar un nuevo Diálogo Social, democrático, incluyente y determinante para abrir una alternativa de un pacto a favor del empleo, la salud, la protección social, el combate a la pobreza, entre otros aspectos que afectan el bienestar de los mexicanos.
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