La ocasión…
En los noventas, que fue la época en que cursé la educación primaria, eran muy populares los tazos que salían en las papitas. En la hora del recreo era común ver a los niños y niñas jugar con éstos apilados en una torre para intentar voltearlos y ganar aquéllos que lograban voltear. Yo no tenía muchos tazos, pero me gustaba conservarlos por las figuras.
Un día, llevé mi pequeña colección a la primaria, no recuerdo si fueron de Tiny Toones o Caballeros del Zodiaco, pero cuando los busqué, eran muchos menos de los que tenía en un principio. Cuando se lo conté a mi abuelita, me dijo “la ocasión, hace al ladrón”, mientras me reprendía por haber llevado “juguetes” a la escuela lo que, en principio, estaba prohibido.
Hace 7 años el 25 de marzo de 2015, la SCJN dictó la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, donde se ordena la reposición del procedimiento con perspectiva de género debido a todas las omisiones, falencias y corrupción que viciaron la misma y obstaculizaron el acceso a la justicia de los familiares de Mariana en el caso de su feminicidio. El presunto responsable Julio César N, fungía como agente ministerial en Chimalhuacán, Estado de México. Actualmente, la señora Irinea Buendía, activista y madre de Mariana, sigue en la lucha porque el responsable sea enjuiciado, a pesar de los obstáculos y amenazas a su familia y su propia vida, por parte de los contactos de Julio César N.
En 2019 tres policías del mismo Chimalhuacán, raptaron a una menor de 12 años, quien fue devuelta dos días después con signos de tortura y agresión sexual. Luego de que la madre, Irene Martínez Cervantes levantara la denuncia y hasta la fecha, la corporación comenzó a acosarla y su investigación no ha avanzado.
Apenas el día primero de abril, Irene fue detenida por policías de tránsito mientras se dirigía a su domicilio, primero alegando que la moto que manejaba era robada y cuando se comprobó que era de ella, alegaron que la detención se debía a una infracción. Antes de que la subieran a la patrulla, Irene alcanzó a avisar y mandar su ubicación, pero su teléfono fue apagado. Tres horas después, Irene fue localizada, la entregaron golpeada, le tumbaron dos dientes y presentaba signos de violencia sexual. Tres policías fueron detenidos, pero solamente se inician las investigaciones por el abuso de autoridad en la detención ilegal de la señora Irene, por lo que, se inició una manifestación para exigir justicia y que se presentara a los dos elementos restantes, que participaron en la detención de la señora Irene, entre ellos, un comandante. El domingo tres de abril durante la madrugada, 20 activistas, incluida la activista Irinea Buendía, quienes se manifestaban para que no dejaran sin castigo a los responsables de estos hechos, fueron reprimidas con violencia de parte de las autoridades.
Según el documento México, La era de las mujeres publicado por Amnistía Internacional en 2021, las fuerzas de seguridad pública del Estado, suelen responder cada vez con mayor violencia ante las manifestaciones. “Ante el ambiente hostil a la reunión pacífica de mujeres, la respuesta de las autoridades escala a convertirse en formas de violencia de género dirigidas contra las manifestantes y a la vulneración de múltiples derechos humanos” se señala en el documento por lo que en el apartado de conclusiones se recomienda al Estado Mexicano, entre otras cosas, a “realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones para establecer la responsabilidad de policías individualmente considerados, así como de los integrantes de la cadena de mando”.
De lo anterior se puede observar cómo el ambiente de impunidad que prevalece en Chimalhuacán de manera muy concreta, pero en todo México de manera general, es la ocasión que favorece que la policía y otras autoridades se conviertan en “el ladrón” que cometen actos constitutivos de violaciones de los DDHH en contra de las mujeres. En el contexto de 10 feminicidios diarios en promedio, no podemos pasar por alto que toda esta impunidad forma parte de la responsabilidad directa del Estado como coautor de estos feminicidios, porque es tanta la negligencia de las autoridades, la indolencia e incapacidad de actuar para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que el Estado se vuelve parte importante del mecanismo por el que opera la violencia feminicida en nuestro país.
Lo que acontece en Chimalhuacán, es el síntoma de la enfermedad más grave de México: a este gobierno, el “más feminista de la historia” no le importa proteger al 51.2 % de su población (INEGI 2020), las mujeres.
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