Esta semana, cuando estamos ya de plano en la tercera ola de contagios al Covid-19, el Programa de Desarrollo con Equidad, en que participan la Universidad Iberoamericana y la Nacional Autónoma de México, ha dado a conocer las conclusiones de un estudio relacionado con la inseguridad alimentaria, que consideran es una de las consecuencias más graves de la pandemia.
Señalan que en diciembre de 2020 y enero de este año cuando el repunte de la epidemia obligó a reforzar el confinamiento, fue claro que en el país no se acompañó de nuevos o adicionales apoyos sociales para facilitar el resguardo en casa.
El estudio retoma la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, recolectada en México entre agosto y noviembre de 2020, donde se expresó un deterioro durante la pandemia, al grado de que el 59% de la población reportó algún grado de inseguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria es la disponibilidad limitada o incierta en un hogar para acceder a suficientes alimentos, nutricionalmente adecuados e inocuos, en formas socialmente aceptables.
Es grave que cuando el país y el mundo viven una crisis de salud, producto de las medidas para atenuarla, como el confinamiento, haya un impacto económico negativo y esto se refleje en la alimentación de las familias, precisamente cuando más se debe procurar una adecuada nutrición para mantener fuerte el sistema inmunitario.
El Programa de Desarrollo con Equidad señala en su estudio que aunque las reaperturas durante otoño de 2020 mejoraron un poco la seguridad alimentaria, para inicios de diciembre todavía estuvo 26% debajo de sus niveles en 2018, por eso emplazan a implementar estrategias de atención a corto plazo.
Algunas acciones específicas para frenar el aumento de la Inseguridad Alimentaria en países de ingresos medios han sido: 1) las transferencias económicas de emergencia –como en Argentina y Chile; 2) las entregas de alimentos– como en Guatemala e India; 3) las exenciones fiscales – como en Honduras; y 4) la creación de obra pública para emplear al sector informal –como en Sudáfrica.
En México el gobierno federal no ha impulsado estrategia alguna en este sentido, incluso hubo una clara resistencia a establecer esquemas como el ingreso mínimo vital, equivalente a las transferencias que sí se aplicaron en Argentina y Chile.
A nivel local el escenario es diferente, pues por parte del gobierno estatal y algunos de los municipales sí hubo entregas de paquetes alimentarios a grupos vulnerables, y poco a poco se han comenzado a reaperturar los comedores comunitarios del DIF en toda la entidad.
Sin embargo sería importante que en el país se tomaran en cuenta las recomendaciones que están haciendo algunos organismos internacionales, como extender los programas de protección social para facilitar el acceso a los alimentos y proteger los ingresos de los grupos de población más vulnerables. Además de garantizar el funcionamiento de programas de apoyo nutricional para niños y adolescentes –como los escolares– y apoyar especialmente la lactancia materna y a los menores de cinco años.
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