El Pleno del Congreso el Estado aprobó de forma unánime solicitar a la Fiscalía General de la República y al Delegado del Gobierno Federal en Coahuila que garanticen el acceso a la justicia a los habitantes de Acuña, reinstalando las oficinas del Ministerio Público Federal en dicho Municipio.
El coordinador de los Diputados de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor promovió la solicitud, y refirió que mover las oficinas del Ministerio Público Federal de Acuña hacia Piedras Negras es un hecho a todas luces preocupante porque los servicios que ahí se ofrecen abarcan dos temas determinantes para la sociedad acúñense: Seguridad y justicia.
“Es inaudito que el acceso a la justicia se vea limitado a miles de kilómetros de distancia sin entender y conocer el contexto social, de justicia y seguridad de Acuña y Coahuila”, expuso en la Sesión Ordinaria de este miércoles.
Refirió que de acuerdo con el gremio de abogados de Acuña, esta decisión federal retrocede 40 años la garantía y el acceso a la justicia, ya que sería la única frontera que no contaría con Ministerio Público Federal, lo que sumado al hecho de no contar con Policía Federal en activo, podría incrementar los delitos de alto impacto y entorpecer la procuración de justicia.
“Hoy sabemos a través de la Barra de Abogados de Acuña y de la propia Delegación Federal que dicha institución se mueve a Piedras Negras bajo los argumentos de austeridad sin pensar en las consecuencias de prescindir de dicho servicio para la comunidad acuñense”, comentó Emilio de Hoyos , quien lamentó la decisión del gobierno federal.
Recordó que el Ministerio Público Federal se encarga de conducir las investigaciones, coordina a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
Por todo esto, el legislador del Primer Distrito destacó que mover el Ministerio Público Federal de Acuña a Piedras Negras no solo limita el acceso a la justicia de los acuñenses, sino que genera gastos económicos y humanos no solo para las victimas e indiciados y sus familias, sino de los litigantes y de autoridades de procuración de justicia; poniendo inclusive en riesgo la integridad física de todos ellos que deben trasladarse por carretera para litigar y atender asuntos ante dicha autoridad judicial.
Recalcó la relevancia del tema, pues Diputados Federales y el propio Cabildo del Ayuntamiento de Acuña han emitido su postura en desacuerdo con la decisión federal, y también aprobaron solicitar al Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado la reinstalación de la oficina del Ministerio Público Federal en dicha Ciudad, además de autorizar el brindar el apoyo con el arrendamiento del inmueble y el pago del salario de hasta dos personas para dicha dependencia. (EL HERALDO)
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