La acumulación de casos sin resolver, la impunidad y las dificultades para identificar restos humanos prolongan el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos
México enfrenta una crisis humanitaria por la desaparición de personas cuya gravedad rebasa las cifras: detrás de cada ausencia hay familias que viven durante años sin conocer el paradero de un ser querido, mientras buscan respuestas de las instituciones encargadas de localizarlo.
El registro nacional supera actualmente las 135 mil personas desaparecidas, de acuerdo con información publicada este 20 de octubre por el diario El País. El acumulado refleja una problemática que atraviesa distintos periodos de gobierno.
La dimensión del fenómeno ha sido documentada por organismos internacionales. En una solicitud de información dirigida a México en julio de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que el número de personas registradas pasó de 95 mil 121, al adoptarse su informe en marzo de 2022, a 129 mil 341 en junio de 2025.
El comité también advirtió sobre altos niveles de impunidad y la falta de avances efectivos en los cambios estructurales necesarios para prevenir y erradicar las desapariciones.
El impacto humanitario alcanza a madres, padres, hijos y hermanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha señalado que, además de la angustia por desconocer lo ocurrido, las familias enfrentan necesidades económicas, jurídicas y psicosociales que requieren una respuesta integral.
“La responsabilidad de la búsqueda no debe recaer en las familias”, sostuvo el organismo en un comunicado difundido el 29 de agosto de 2025. En ese pronunciamiento llamó a las autoridades a asumir sus obligaciones de prevención, búsqueda, localización, identificación y restitución digna.
A las búsquedas pendientes se agregan las deficiencias forenses. Una comunicación de expertos de Naciones Unidas, fechada en julio de 2026, recogió denuncias sobre problemas estructurales en la identificación de restos y la notificación a familiares, incluido un caso en Jalisco en el que los restos habrían permanecido aproximadamente diez años bajo custodia oficial antes de informarse su identificación.
Para el CICR, atender esta tragedia exige fortalecer las capacidades forenses, mejorar la coordinación institucional, disponer de información confiable y garantizar recursos suficientes. También demanda que las familias participen en las decisiones que les conciernen y reciban atención digna durante todo el proceso.
La obligación de las autoridades, insiste el organismo, incluye garantizar el derecho de las familias a saber qué ocurrió con sus seres queridos y adoptar medidas para evitar nuevas desapariciones. (El Heraldo de Saltillo)
