AHMSA: ¿quién responde por los efectos de una venta fallida?
Se cayó una vez más la venta de Altos Hornos de México y, con ella, las esperanzas de miles de familias que llevan años esperando una respuesta. Pero esta vez la pregunta no debería concentrarse únicamente en el empresario que prometió comprar la acerera y no cumplió. La pregunta de fondo es mucho más incómoda: ¿quién permitió que llegara tan lejos y quién responde por un proceso que sigue acumulando dudas, deudas, gastos y retrasos?
José Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, apareció en una subasta en la Ciudad de México ofreciendo mil 400 millones de dólares. Después difundió un video prometiendo reactivar la empresa, impulsar hospitales, escuelas y hasta llevar agua a Coahuila. Grandes promesas que terminaron contrastando con una realidad: solamente depositó cinco mil pesos de una garantía de 56.3 millones de dólares.
Hoy todos pueden señalar al empresario. Incluso la jueza federal Ruth Haggi Huerta García ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República por una posible falsedad de declaraciones. Pero ¿y las responsabilidades de quienes condujeron el procedimiento?
Porque, como cuestionó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ¿cómo es posible que una empresa con una capacidad financiera puesta en duda llegara hasta esa etapa? Puso el claro ejemplo de una institución bancaria donde para solicitar un crédito se revisan ingresos, antecedentes y capacidad de pago. ¿Por qué tratándose de una operación multimillonaria, con miles de empleos de por medio, no se acreditó oportunamente la solvencia del interesado?
Aquí hay nombres y responsabilidades institucionales. La jueza Ruth Haggi Huerta García dirige el procedimiento judicial y Víctor Manuel Aguilera Gómez es el síndico designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles desde noviembre de 2024. A ellos corresponde explicar qué filtros se aplicaron, cuáles fueron sus resultados y por qué se permitió avanzar una oferta sin respaldo financiero documental suficiente.
Y no es solamente la fallida venta. También está el manejo del dinero.
De acuerdo con información publicada sobre los reportes presentados al juzgado, de los 48.16 millones de pesos obtenidos por la venta de acciones ferroviarias, en apenas tres meses se habían ejercido aproximadamente 46.28 millones. Nóminas, vigilancia y gastos operativos aparecen entre los conceptos reportados. Incluso hubo requerimientos judiciales para aclarar comprobantes e inconsistencias.
¿Quién está cobrando? ¿Cuánto? ¿Por cuáles servicios? ¿Qué gastos son indispensables? ¿Por qué deben seguir consumiéndose millones de pesos mientras los trabajadores continúan esperando el pago de sus derechos?
No se trata de afirmar que esos recursos fueron desviados, sino de exigir cuentas claras, verificables y públicas.
Lo ocurrido el martes 13 de octubre retrata otro problema: la comunicación. Mientras vencía el plazo para entregar la garantía millonaria, prevalecían la incertidumbre y las versiones encontradas. La explicación institucional llegó después, mediante comunicados que informan resoluciones, pero dejan demasiadas preguntas sin respuesta.
Y mientras tanto, el tiempo sigue cobrando una factura que nadie parece asumir. AHMSA entró en concurso mercantil en junio de 2023 y fue declarada en quiebra el 7 de noviembre de 2024. Desde entonces han transcurrido casi dos años de procedimientos judiciales, mientras la parálisis de la acerera se prolonga todavía más.
Lo verdaderamente doloroso es que la espera ya tiene nombres, rostros y ausencias. De acuerdo con información publicada, hasta finales de septiembre sumaban 91 obreros fallecidos sin recibir sus finiquitos, según el recuento de representantes de los trabajadores. Noventa y una historias de personas que dedicaron parte de su vida a esa empresa y murieron sin ver resueltos sus derechos laborales. ¿Cuántos más tendrán que morir esperando?
Porque detrás de cada expediente, de cada plazo de 90 días y de cada subasta fallida hay familias endeudadas, hogares que perdieron su estabilidad y trabajadores que envejecen esperando lo que les corresponde. Y aquí debería estar la verdadera urgencia de quienes administran y supervisan la quiebra: no solamente cumplir trámites, sino explicar con transparencia cada decisión y evitar retrasos injustificados.
La crisis de AHMSA no se resuelve con comunicados, promesas espectaculares ni silencios institucionales. Se resuelve con resultados, cuentas claras y responsabilidades. Porque mientras para algunos este proceso representa expedientes, honorarios y negociaciones millonarias, para miles de familias representa la diferencia entre sobrevivir o perderlo todo. Y lo más indignante es que, para muchos trabajadores, la justicia podría llegar demasiado tarde.
