Redes sociales, bajo la lupa
La protección de los menores en internet ya no puede esperar. El Gobierno Federal ha dado un paso importante al establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales que operan en México, particularmente aquellas que permiten la difusión de contenidos violentos, pornográficos o relacionados con conductas ilícitas que involucran a niñas, niños y adolescentes.
Con la publicación, este 14 de octubre, del Decreto de Entornos Digitales Seguros en el Diario Oficial de la Federación, las redes sociales, videojuegos y tiendas de aplicaciones deberán contar con mecanismos para identificar y retirar de inmediato contenidos que representen un riesgo para los menores de edad.
Y es que durante años hemos visto cómo internet pasó de ser una extraordinaria herramienta de comunicación, entretenimiento y aprendizaje a convertirse también en un espacio donde la violencia, el acoso, las amenazas y los contenidos sexuales pueden llegar a millones de usuarios, incluidos menores de edad, prácticamente sin restricciones suficientes.
La preocupación no es menor. Los recientes acontecimientos violentos registrados en instituciones educativas del país, como fue el caso en un ejido en Torreón, en días pasados, han vuelto a encender las alertas sobre lo que consumen nuestros jóvenes en las plataformas digitales. Aunque sería irresponsable responsabilizar exclusivamente a las redes sociales de estas conductas, tampoco podemos ignorar los riesgos que determinados contenidos representan para quienes todavía se encuentran en una etapa de formación.
¿Qué cambiará? Las empresas tecnológicas deberán fortalecer sus sistemas de verificación de edad, controles parentales, mecanismos de denuncia y procedimientos para retirar contenidos peligrosos. También tendrán que revisar la manera en que sus algoritmos recomiendan publicaciones a los menores.
Sin embargo, aquí surge una pregunta fundamental: ¿quién determinará qué contenido debe eliminarse y bajo qué criterios?
Porque una cosa es proteger a nuestros niños y adolescentes de la violencia y la explotación sexual, y otra muy distinta sería utilizar estas disposiciones para limitar la libertad de expresión, la crítica, la información periodística o incluso las manifestaciones artísticas.
Pero hay otro punto que merece especial atención: la responsabilidad del propio Gobierno Federal.
Porque si bien la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está exigiendo a las empresas tecnológicas asumir su responsabilidad, también corresponde al Gobierno garantizar que estas disposiciones se cumplan y no terminen convirtiéndose en una medida anunciada con grandes expectativas, pero con pocos resultados.
No basta con publicar un decreto y otorgar 30 días para que las plataformas realicen ajustes. La autoridad federal deberá establecer mecanismos efectivos de seguimiento, evaluar los resultados, atender oportunamente las denuncias y garantizar que las instituciones de seguridad, educación, salud y procuración de justicia trabajen de manera coordinada.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá un papel importante en ese seguimiento, mientras que la Consejería Jurídica deberá coordinar las propuestas de regulación adicionales. Incluso la propia presidenta ha planteado la posibilidad de impulsar una ley con sanciones si las plataformas incumplen.
Porque retirar un video violento de internet puede ser necesario, pero no resuelve por sí mismo los problemas de violencia, abandono, falta de atención emocional o desintegración familiar que también afectan a una parte de nuestra juventud.
Y aquí aparece otra responsabilidad que no podemos dejar fuera: la de los padres de familia. Ninguna ley, algoritmo o mecanismo de vigilancia sustituirá la comunicación en casa, la atención a los cambios de conducta de nuestros hijos y el conocimiento de lo que ven, comparten y consumen diariamente en sus teléfonos celulares.
Las escuelas, sean públicas o privadas, también tienen una tarea pendiente. La educación digital debe convertirse en una herramienta permanente de prevención y no solamente en una reacción cuando ocurre una tragedia.
México necesita espacios digitales más seguros, pero también familias más involucradas, instituciones educativas mejor preparadas y un Gobierno Federal que no solamente anuncie medidas, sino que tenga la capacidad de hacerlas cumplir.
Porque proteger a nuestros menores no significa quitarles el acceso al mundo digital, sino evitar que ese mundo termine poniéndolos en peligro.
Buen fin de semana, la frase: Sé amable, pero no débil. ¡Ánimo!
