Ciudad de México.- Al fijar su posicionamiento sobre el dictamen en materia de requisitos de elegibilidad para ocupar la titularidad de los poderes ejecutivos, el senador por Coahuila Luis Fernando Salazar, quien ostenta la ciudadanía española, expresó su respaldo a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el ejercicio de estas responsabilidades exige un compromiso pleno con la nación mexicana.
Durante su intervención en tribuna, el legislador sostuvo que la reforma establece un principio de certeza institucional para quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Salazar explicó que el dictamen plantea establecer como requisito constitucional la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes busquen ocupar dichos cargos, por lo que las personas aspirantes que cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. En su caso, al ser aspirante a la gubernatura de Coahuila, para poder ser candidato en 2029, cuando se lleve a cabo esa elección, tendría que renunciar a su ciudadanía española.
Asimismo, indicó que quienes ejerzan estas responsabilidades no podrán adquirir, invocar ni hacer valer una nacionalidad distinta a la mexicana durante su mandato.
El senador aclaró que la propuesta no busca menoscabar los derechos de las personas que cuentan con doble nacionalidad ni desconocer las aportaciones de millones de mexicanas y mexicanos que, por razones familiares, laborales o migratorias, mantienen vínculos con otros países.
En ese sentido, enfatizó que la reforma no implica despojar a nadie de su nacionalidad ni restringir sus libertades civiles o su derecho al voto, sino establecer condiciones específicas para quienes aspiren a ejercer las más altas responsabilidades del poder público.
Finalmente, Luis Fernando Salazar reiteró su respaldo al dictamen y anunció que su voto sería a favor, al considerar que la soberanía nacional, la confianza ciudadana y la certidumbre constitucional deben ser principios fundamentales en el ejercicio del poder público. (El Heraldo de Saltillo)
